Orillado a financiar con recursos propios la consulta popular después de que se cerraron todas las puertas de los tres poderes de la Unión, el Instituto Nacional Electoral (INE) proyecta organizar este primer ejercicio de participación ciudadana con un costo de 522 millones de pesos, la tercera parte de lo originalmente presupuestado. Y, en consecuencia, la reducción proporcional de las dimensiones que tuvo la elección federal: sólo 57 mil mesas de recepción (frente a 162 mil 570 urnas), 170 mil funcionarios de casilla (hubo un millón en los comicios) y papeletas sin papel seguridad.

En entrevista, el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, explica las adecuaciones que se ha visto obligado a efectuar el organismo respecto al plan original, que partía de un presupuesto de mil 499 millones de pesos.

Ni la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia atendieron la solicitud de recursos para la consulta sobre el desempeño de los políticos del pasado.

A pesar de que interpusimos diversos recursos, solicitamos ampliaciones presupuestales y se puso una controversia, finalmente no vamos a contar con recursos adicionales. Va a ser todo producto de cancelación de proyectos, ahorros que se lograron producto de licitaciones que al momento de concretarlas resultaron más bajas de lo que habían arrojado los estudios de mercado. Lo vamos a hacer con recursos que tenemos.

Por iniciativa presidencial, en cinco semanas volverán los ciudadanos a las urnas, por ello el INE planeó dejar descansarlos antes de lanzar la campaña promocional de la consulta. Por ley, recuerda, el INE es la instancia que debe promoverla, ni partidos ni otras instancias del Estado podrán hacerlo. Hacia finales de junio comenzará la promoción, mientras la difusión intensa ocurrirá entre el 15 de julio y el primero de agosto, fecha de la consulta.

La adecuación a la escasez financiera que enfrenta el INE implicará reducir la contratación de capacitadores electorales; sólo contar con 170 mil funcionarios de casilla (tres por mesa receptora –presidente, secretario y escrutador–); el reciclamiento de muchos materiales de la elección (urnas, mamparas, tinta indeleble, productos sanitizantes) y la cancelación de la boleta en papel seguridad.

Se analiza introducir otros mecanismos de control de la papeleta, cuya dimensión, agrega Jacobo Molina, será de media carta. Se buscará tener elementos de seguridad en toda la consulta para garantizar un ejercicio con las características que exige la ley para una elección federal. Sin embargo, aunque se difundirá esa misma noche el resultado, no habrá un sistema informativo similar al Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Una vez transcurrida la fase intensa de la elección –agrega–, el INE se abocará a acelerar la organización de la consulta, la cual empezó en paralelo a la de los comicios, desde marzo pasado. Ante la reducción a la tercera parte de las urnas, se contempla que cada mesa receptora involucre a 2 mil posibles votantes, en vez de 750 que tiene actualmente como máximo una casilla.