La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), y le concedió una suspensión parcial, que evitará que este organismo autónomo tenga que destinar parte de su presupuesto para organizar el registro biométrico, por lo menos hasta que el máximo tribunal resuelva.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández dio a conocer un acuerdo con su decisión, donde señala que se concede la suspensión solicitada por el IFT, aunque advierte que se negó medida precautoria para otros aspectos de la demanda del instituto.

Los detalles sobre el alcance de esta suspensión no se conocerán hasta que Piña Hernández publique el contenido completo de su resolución.

El IFT argumenta que no se le asignó presupuesto para echar a andar el Panaut, lo cual calcula costaría 109 millones 864 mil pesos, más un importe anual de 88 millones 584 mil pesos para su operación.