Un acuerdo político que permita realizar cambios constitucionales para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se descarta y es viable, consideraron especialistas en materia energética.

Fluvio Ruiz Alarcón ex consejero profesional independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), dijo: Me parece que hay espacio para construir un acuerdo progresista para dar coherencia de conjunto y que de certeza a los mercados sobre las nuevas reglas del juego.

Por su parte, Arturo Carranza, especialista en energía aseveró: “Muchos creían que tras los resultados del pasado 6 de junio el presidente iba a rectificar el rumbo de la política energética, pero ya anunció que lo va a mantener en términos de fortalecimiento de las empresas públicas y del acotamiento en la participación de los privados.

Ahora, aunque no tenga la mayoría calificada eso no implica que no lo logre. Estará a prueba el oficio político para intentar sacar la reforma. No descartaría que se pudiera materializar.

Integración vertical para planeación de mínimo costo

Fluvio Ruiz señaló que debido a la nueva conformación de la Cámara de Diputados se tendrá que trascender la coalición Morena, PT y Verde. Recordó, que Movimiento Ciudadano y PRD estaban en el bloque de oposición a las iniciativas secundarias que envió el presidente Peña Nieto.

Ruiz Alarcón explicó que se requiere reformar la Constitución para eliminar el mercado eléctrico mayorista, el acceso abierto a la red eléctrica por parte de particulares y la idea de que la electricidad es una mercancía. Además, se podrá organizar el suministro eléctrico como servicio público integrado verticalmente (desde la generación hasta la venta al usuario final pasando por la transmisión y la distribución), con planeación de mínimo costo.

Las modificaciones constitucionales, agregó, deberán reservar para el Estado la generación de electricidad cuando tenga por objeto la prestación de servicio público, así como el orden del despacho de energía.

Modificar la reforma heredada del pasado gobierno, con el mayor consenso social y político posibles, daría claridad y estabilidad a una nueva dinámica sectorial, al tiempo que permitiría hacer coherente la orientación y objetivos de las políticas públicas con el diseño institucional, el marco jurídico, las medidas regulatorias y demás instrumentos derivados, explicó.