Al cumplirse un año del cierre ilegal de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, exigió a las autoridades laborales la aplicación del estado de derecho, ya que, a la fecha, no ha sido respetado y el paro de actividades está sustentado en un recuento de votos fraudulento en el que indebidamente votó personal no sindicalizado.

Notimex cumple un año cerrada a causa de una huelga impuesta e ilegal sustentada en un recuento fraudulento en donde indebidamente votaron 34 ex trabajadores no sindicalizados que ya habían sido liquidados, comentó.

Ayer este medio de comunicación cumplió 12 meses sin actividades desde que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) acató las órdenes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a pesar de que existían dos amparos para seguir operando.

Recordó que en febrero de 2020 la STPS, la JFCA y el Sindicato Único de Trabajadores, SutNotimex, ejecutaron un fraude durante la votación sobre la continuidad de la huelga, pues se permitió participar a personal no sindicalizado que incluso ya había cobrado su liquidación.

Por esos hechos se presentaron 34 impugnaciones que demostraban el fraude del recuento y que no fueron tomadas en cuenta por las autoridades laborales.

Martínez Montemayor señaló que dejar al Estado mexicano sin un medio público tan importante ha sido un error garrafal que ha perjudicado al gobierno. Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más atacado mediáticamente en la historia reciente de México y quedó en vulnerabilidad frente al cierre ilegal de ese medio de comunicación.

Al destacar que Notimex respeta el derecho de huelga, la directora apuntó que es importante reabrir la agencia con la ley en la mano y sin ceder a chantajes ni a extorsiones de un sindicato, que se convirtió en una organización mafiosa que utiliza a los trabajadores para beneficio de sus líderes.

La huelga del SutNotimex, liderado por la autoproclamada secretaria general Adriana Beatriz Urrea Torres, se mantiene debido al financiamiento que reciben del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el cual asciende a más de 2 millones de pesos.

Añadió que la intromisión del dirigente vitalicio Francisco Hernández Juárez, las peticiones del SutNotimex que están fuera de la Ley de Austeridad Republicana y los actos de corrupción cometidos por los sindicalistas, son hechos que han sido denunciados e ignorados por las autoridades laborales.

Por ello, hasta la fecha se han presentado más de 150 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción, robo y huachicoleo informativo.