l jueves 10 de junio de 1971 se consumó un episodio de terrorismo de Estado conocido como el halconazo. Un poco menos de tres años antes, en 1968, se perpetró la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. En la memoria colectiva están grabadas esas fechas, esos hechos ominosos y los nombres de sus principales responsables, los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. Un trienio de autoritarismo criminal.

A 50 años seguimos recordando que durante los primeros meses de 1971 se gestó en las instituciones educativas del Distrito Federal un movimiento estudiantil en solidaridad con los universitarios de Nuevo León, donde el gobierno federal maniobró para imponer una ley orgánica que significaba un retroceso para la vida universitaria. El gobierno estatal destituyó a un rector para imponerles a un militar, lo que favoreció que la inconformidad creciera y se desbordara el marco local.

Es entonces que se pronuncian en solidaridad con ese movimiento la mayor parte de las escuelas de educación media superior y superior de la capital del país: IPN, UNAM, Uia, ENM, ENSM, prepa popular. Ese año salieron de prisión los últimos presos políticos del 68. Así, volver a ganar la calle con una manifestación pacífica era una idea y una necesidad para la reorganización estudiantil.

Se convocó a una manifestación para el 10 de junio a las 4 pm. El punto de salida era del Casco de Santo Tomás y el de llegada el monumento a la Revolución. Asistieron entre 8 y 10 mil estudiantes. Por acuerdo de los representantes de los comités de lucha encabezaría la marcha el contingente de la Escuela de Economía. Así fue. La marcha partió de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y se dirigió hacia avenida de los Maestros, donde en dos ocasiones fue interceptada por policías quienes, finalmente, dejaron libre el paso a un costado de la Normal. La marcha continuó hacia la calzada México-Tacuba, donde se encontraban parapetados cientos de individuos, quizás más de mil, dispuestos a detener a toda costa la marcha. Eran los halcones.

La manifestación fue cercada. Centenares de estudiantes fueron baleados, decenas muertos por balas disparadas por esos halcones, tanto a nivel de calle como desde los edificios donde algunos se colocaron como francotiradores. Así entraron en acción los halcones, grupo paramilitar patrocinado por el gobierno de Echeverría. Los periodistas nacionales y extranjeros que cubrían la marcha también fueron agredidos. A muchos, además de golpearlos, les quitaron cámaras y sus rollos fotográficos para que no quedara huella de la masacre. Algunos reporteros gráficos evadieron a los policías y paramilitares salvando las imágenes de las acciones criminales que el gobierno ordenó esa tarde.

Por los datos recabados desde entonces se sabe que hubo más de 60 muertos, 150 heridos y cerca de 300 detenidos. Al hospital Rubén Leñero llegaron agentes de policía y halcones para llevarse heridos o ultimarlos ahí mismo. Al otro día de la masacre el regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, declaró “los halcones son una leyenda”.

Desde que se cometieron las masacres del 68 y el 71 hasta 2002 no se había iniciado ninguna investigación sobre las mismas. Durante muchos años los sucesivos gobiernos priístas no emprendieron ninguna pesquisa. Querían que cayeran en el olvido y creían que así sucedería. Por contraparte muchos activistas estudiantiles e intelectuales difundimos lo que realmente había pasado. Puede decirse que no hubo escuela o sindicato donde no se hablara del tema. En conferencias, mesas redondas, cineclubes, exposiciones fotográficas, en las clases cotidianas de las escuelas de todos los niveles quedó sembrada en la conciencia de muchos la consigna de ¡ni perdón ni olvido!

Por la presión y las gestiones del Comité 68 para que se investigaran aquellos funestos hechos, el gobierno de Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en noviembre de 2001, y fue decretada su desaparición en marzo de 2007. En los cinco años de su existencia se llevaron cabo investigaciones muy importantes aunque todas fueron truncadas.

Los hechos del 10 de junio de 1971 son la secuela del crimen de masas de Tlatelolco, ya que su objetivo directo e inmediato no fue otro que reprimir, sofocar y aplastar con la fuerza a un sector de la población, mediante el uso de un sofisticado esquema de planeación estratégica de la represión política apoyado en la actuación del grupo paramilitar de los denominados halcones.

Con estos planteamientos básicos, a partir del 10 de junio de 2002 presentamos ante la fiscalía especial denuncias de hechos sobre la masacre de 1971 Raúl Álvarez Garín, Pablo Gómez, Óscar Luis Argüelles y yo. Echeverría fue citado como indiciado el 11 de julio. Concluida la averiguación previa, la fiscalía elaboró el pliego de consignación el 22 de julio de 2004, mismo en que Echeverría fue acusado del delito de genocidio.

El caso fue remitido a la magistrada Herlinda Villavicencio, quien dictaminó que el 10 de junio de 1971 no se cometió genocidio, sino homicidio, mismo que ya había prescrito. La memoria y nuestro espíritu de lucha por la justicia no prescriben. Seguiremos exigiendo justicia y castigo a los responsables y seguiremos gritando ¡10 de junio no se olvida!

A la memoria de Edmundo Martín del Campo

A la memoria de todos los caídos

* Diputado del Congreso de la Ciudad de México