n el siglo XXI en América Latina nos encontramos ante un acontecimiento impensable para la cultura política secular: la repolitización de la religión. Una gran interrogante, para corroborar esta hipótesis en México, era el comportamiento electoral del Partido Encuentro Solidario (PES). Al ser éste un partido confesional, su probable pérdida de registro nos indica que estamos lejos, por ahora, de la pentecostalización de la política. Sin embargo, desde las elecciones de 2018 en México nos dejaron la interrogante de la existencia y disputa del voto religioso. La clase política parecía reconfesionalizarse con sus discursos y referencias morales conservadoras. Empezando por el actual presidente López Obrador, quien a lo largo de estos años ha incorporado referencias religiosas a su discurso. Es decir, ha convertido lo religioso en activo político. Las dirigencias eclesiásticas han vendido la idea de una potente irrupción evangélica que configura un nuevo mapa religioso en México, como lo sucedido en América Latina. El censo de población último ha matizado el crecimiento masivo evangélico. También se vendió la idea de un enorme electorado evangélico supuestamente disciplinado a los dictámenes de los pastores y líderes religiosos. Las elecciones de 2018 dejaron patente que el supuesto voto evangélico que se movilizó por AMLO no necesariamente se debió a una consigna ni obediencia hacia sus iglesias. También los resultados electorales de 2018 y 2021 muestran que la votación masiva de electores –en su mayoría creyentes– se debió a muchas consideraciones políticas, pero no necesariamente a las doctrinas religiosas o mandatos divinos. Prueba de ello es que el Partido Encuentro Social, de confesional corte pentecostal, no ha alcanzado el mínimo 3 por ciento de votación requerida para retener su registro.
Primero habría que preguntarse: ¿qué debemos entender por voto religioso? Es aquel que ejerce el ciudadano creyente siguiendo los principios y doctrinas que las iglesias decretan. Dichos preceptos religiosos configuran un corpus que incide en la intención de un creyente para votar o no por un candidato o partido. Por ello estaríamos ante el voto grupal, cuya convicción religiosa es determinante en la voluntad de los sufragantes. El voto religioso puede ser inducido por la estructura de la Iglesia, por la autoridad de un ministro de culto, o también por los designios de una comunidad. Dicha sugestión política es estimulada por los aparentes designios de Dios, persuasión que puede darse por presión o consigna. Es el equivalente a un voto corporativo que el alto clero católico y el evangélico han tratado de vender a la clase política. En principio, hay que evidenciarlo, es una práctica antidemocrática y penada. El artículo 130 constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíben tajantemente a las asociaciones religiosas inducir el voto, así como promover la abstención.
El PES pierde su registro en 2018, pero en 2020 lo recupera para contender en los comicios de 2021. Su campaña Por la vida y la familia destacó su rechazo al aborto y al feminismo. Tenía claro su nicho. Su cruzada estaba enfocada para obtener el registro contando con el apoyo de adultos conservadores tanto evangélicos como católicos. Todo parece indicar que el PES vuelve a perder su registro. ¿Qué quedó del voto evangélico que tanto presumió Hugo Éric Flores a la clase política? ¿Dónde está el peso de las más de 30 iglesias que apoyaron sus asambleas de registro? Aunque el PES no alcance el registro, no significa que se cancela la irrupción de los grupos evangélicos en la política mexicana. Sin embargo, una primera afirmación que podemos establecer es que, por ahora, el voto religioso en sus diversos alcances está acotado. El precepto laico se ha impuesto. El razonamiento de la intención del voto tiene muchas otras variables y no necesariamente la disciplina religiosa. Por ahora, el voto religioso es un mito que la realidad se ha encargado de refutar. Este episodio, podrá servir a evitar la tentación de sectores de la 4T quieran constatinizar algunas iglesias, es decir, convertir en algunas asociaciones religiosas en iglesias de Estado. Es cuestionable abrir el espacio público a instituciones confesionales en detrimento del espíritu laico del Estado mexicano. Otro elemento que ha llamado la atención es la politización de la agenda religiosa conservadora.
El PES, algunas iglesias de corte pentecostal y sectores religiosos ProVida pretendieron presionar a sectores del electorado y a candidatos para rechazar la llamada ideología de género. Es decir, pareciera que se articularon evangélicos fundamentalistas con sectores católicos integristas para combatir el aborto, a las mujeres y demandas de minorías seculares. No es gratuito que saliera la Secretaría de Gobernación, en un comunicado en abril pasado, para recordar a los ministros de culto que las leyes mexicanas prohíben la participación política de las iglesias durante los procesos electorales. En ese tenor, el INE bajó varios espots del PES que criminalizaban a quienes abortan. Y también, las grotescas proclamaciones anticomunistas del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Finalmente, el censo 2020 nos muestra el desencuentro de movimientos culturales de la sociedad de los muchos Méxicos que cohabitan. Por un lado, una persistente caída cultural de la fe católica. Amenazada por el rencantamiento del mundo que representan algunas ofertas evangélicas y la incursión de los sin religión y ateos que desinstitucionalizan la fe. ¿Estas oscilaciones inciden la intención del voto?
