El juicio oral en contra de Rosario Robles Berlanga podría tardar meses. Antes de que inicie esa etapa del proceso que se le sigue por ejercicio indebido del servicio público, un juez federal debe resolver la apelación al auto de vinculación a proceso, ya que en este recurso se cuestiona si el delito que se imputa ya se encuentra derogado.

El abogado Epigmenio Mendieta indicó que la representación de la ex titular de la Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, territorial y urbano promovió el sobreseimiento de la causa, al argumentar que el tipo penal (delito) que se imputa a su defendida fue derogado y la redacción que tiene no corresponde con alguna acción que ella pudiera realizar para evitar el delito.

Al respecto, el juez de la causa dictó una resolución en la que negó el sobreseimiento. La defensa promovió un amparo y obtuvo una suspensión, que impide que en tanto no se resuelva de fondo si es real el argumento de los abogados de Rosario Robles, entonces se podrá proceder a la etapa del juicio oral.

El lunes concluyó la etapa de la audiencia intermedia, en la cual se definió el número de pruebas testimoniales y documentales podrán ser analizadas y utilizadas en la siguiente fase del nuevo sistema de justicia penal.

Por ello, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos envió un escrito al juzgado tercero de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, para que se le precise los efectos de la suspensión que impide emitir el auto de apertura de juicio oral o si bien puede proceder a dar continuidad a las etapas procesales.

Solicitan condena de 21 años de cárcel

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez Villar Ceballos que se le dicte una condena de 21 años de prisión y se le condene al pago de 5 mil 500 millones de pesos.

Asimismo, fuentes judiciales señalaron que Robles Berlanga y su defensa tienen hasta antes de que el juez emita la apertura de juicio oral para negociar un criterio de oportunidad y celebrar un procedimiento abreviado.

Esto, luego de que en dos ocasiones uno de los defensores de la ex secretaria de Estado informó que ella se declararía culpable de ejercicio indebido y colaboraría con el Ministerio Público para que se sancionara a involucrados en la llamada estafa maestra.