nte nuestros ojos, el colonialismo revive mostrándonos que el acaparamiento de terrenos para exploración minera continúa. Hoy aumenta el interés por el litio y las empresas extranjeras preparan su defensa para seguir saqueando. El compromiso de parar esta nueva colonización no sólo corresponderá al presente gobierno, sino también al que viene, así como a los congresos futuros.
No es una cuestión de sexenios, es una tarea permanente y de toda la sociedad, de las autoridades presentes y de las futuras, hasta terminar con este abuso continuo e histórico. El hecho de que se hayan otorgado un porcentaje inadmisible de hectáreas a las empresas extranjeras, en el siglo XXI, es una muestra del atraso democrático.
La historia de la explotación minera extranjera en México es muy larga. Lo increíble es que todavía forme parte de la realidad del país. Desde finales del siglo XIX se ha tenido demasiada consideración a las empresas privadas. El pretexto ha sido el supuesto beneficio de la inversión extranjera.
No se ha dado oportunidad a la industria minera mexicana para desarrollarse al máximo. Empresas estadunidenses y canadienses, básicamente, han tenido siempre un contrato ejecutándose en nuestro territorio. Volvemos al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice:
“Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
“(Reformado, Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992). La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.”
Los intereses canadienses siguen aquí, nunca se han ido. Sus metas han sido obtener las mejores condiciones para sus empresas y para su gobierno. Como en la conquista, pretenden cambiar oro por cuentas de vidrio. Es dudosa la supuesta política de solidaridad con la población del país, del que están extrayendo grandes cantidades de metales y otros elementos. Es poco creíble que vengan a apoyar para disminuir la pobreza. En cuanto a la empresa canadiense que actualmente tiene interés en seguir extrayendo el litio, no ha presentado una propuesta al gobierno de la Cuarta Transformación.
Son interesantes los trabajos de investigación acerca de la resistencia popular en contra de los trabajos de minería que afectan y han afectado, desde hace años, a la población local. Los mismos estudiosos canadienses han escrito sobre el daño de las empresas de su país y sobre la forma en que han dañado económicamente con diversos proyectos mineros locales.
La Agencia Canadiense de Cooperación Internacional
(ACDI) apoya “a las empresas canadienses (en el extranjero) para aliviar la pobreza… En otras palabras, a la ACDI le toca engañar con regalos a las poblaciones locales para que las mineras puedan más fácilmente saquear los recursos.”
En cuanto a la extracción del litio, éstas son algunas empresas extranjeras y otras eventuales que han tenido interés en invertir o han invertido en México: Citic Guoan Group, LG (Corea del Sur), Sutti Courtade, Advance Gold Corporation, aprovechando, sobre todo, las máximas garantías y facilidades que los gobiernos anteriores les ofrecieron.
El interés continúa, aunque no conocemos a fondo las condiciones actuales de los contratos y si éstos permitirán desarrollar la tecnología mexicana que, ya se sabe, se está estudiando en el Cinvestav para beneficio de la industria minera nacional.
Hoy, con la revisión de contratos, se tendrá una resolución justa. Con las modificaciones al artículo 27 constitucional se tendrá mayor seguridad para que no se cometan más abusos con los recursos naturales que, no hay que olvidarlo, pertenecen de manera absoluta al pueblo de México.
