En contraste con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, quien aceptó errores en el cálculo del costo de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el auditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, afirmó que no hubo error ni ánimo de dañar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni a su investidura, sino que se trata de dos ópticas distintas.

Anunció ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, que lo citó a comparecer, que sólo cuando se termine la confronta con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) se podrá definir el monto exacto.

No son cifras definitivas, sino estimaciones. Es la naturaleza misma del proceso económico. Hay imponderables para llevar esto a buen término y muchas estrategias que el gobierno puede seguir para mitigar los costos de la cancelación, insistió. Incluso sostuvo que el GACM no presentó objeciones a la auditoría y pidió superar la falsa disyuntiva sobre dos enfoques metodológicos, que tienen sustento constitucional, legal y técnico.

El funcionario –suspendido temporalmente de sus funciones e investigado por la Cámara de Diputados y quien, al terminar, fue sacado por la puerta trasera del Salón de Protocolo– sostuvo que las auditorías de desempeño carecen de ánimo punitivo y tienen como objetivo recomendar procesos para una mejor calidad del gasto.

Eso de ninguna manera entraña algún ataque a la investidura presidencial ni a un gobierno electo legítima y democráticamente. Manifiesto con firmeza que no existió dolo o motivación política, añadió.

Expuso que en la auditoría no se señaló a algún servidor público ni se pidieron sanciones y con estos elementos queda claro que no existió ninguna intencionalidad de imputar alguna conducta ilegal a algún ente o algún gobierno.

Diputados de Morena resaltaron que sí dañó a la administración del Presidente. Mis respetos a la investidura presidencial. Reitero que no hay mala fe. Las auditorías están sujetas a un proceso riguroso de verificación y eso da certeza de que están bien hechas, expresó el auditor aun cuando él mismo reculó del monto de 32 mil millones que calculó habría costado cancelar el aeropuerto.

El 22 de febrero, horas después de que el Presidente declaró que la ASF buscaba lastimar a su gobierno con una cifra tendenciosa, Caso Raphael reconoció que el monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica.

Cuestionado insistentemente por los diputados, respondió que no puede hablar sobre las diferencias expuestas en su comunicado porque está sujeto a investigación y separado de su cargo por ello.

Agregó: No vengo a defender a capa y espada una cifra, sino a poner sobre la mesa las razones por las cuales se presentan, con igual validez, dos ópticas distintas, mismas que no son verdades excluyentes.

Caso Raphael reviró al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien acusó a la ASF de cometer errores de contabilidad básicos. El auditor insistió: No hay error, hay una metodología que arroja cifras; es muy respetable su posición. Es su análisis, son sus consideraciones.