Los permisos de autogeneración de energía que fueron obtenidos por medio de fraude a la ley serán cancelados, además de que el gobierno abrió un plazo de 180 días para que sean revisados los contratos de generación y compraventa de energía para comprobar que son rentables para el gobierno y de no ser el caso podrán ser terminados de manera anticipada, según el decreto de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía, publicó ayer por la tarde el decreto por medio del cual se realizan diversas modificaciones y adiciones a la LIE, recientemente aprobada por el Congreso, que entra en vigor este miércoles.

Con ello, culmina el proceso que inició el 2 de febrero de este año con el envío del presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la iniciativa preferente de reforma a la LIE, para darle prioridad en la generación a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mediante la edición vespertina de ayer martes del Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece, entre otras disposiciones, que los permisos de autoabastecimiento otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúen vigentes, obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Los contratos de autoabastecimiento nacieron antes de la reforma energética de 2013 y fueron creados para apoyar a la planta productiva del país con el propósito de hacerla más competitiva. Así, se permitió a las mineras, cementeras y grandes consorcios generar energía eléctrica para usos propios.

Sin embargo, las autoridades detectaron que esta figura se fue distorsionando y se empezaron a crear sociedades de autoconsumo con lo que se originó un mercado alterno de electricidad al margen de la legislación.

Además, los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal.

Estos contratos establecían un volumen fijo de suministro de electricidad de los productores independientes a precios pactados previamente, que en su mayoría son desventajosos para la CFE.

Estos contratos, en caso que de que el gobierno no obtenga ningún beneficio, también deberán ser renegociados o terminados en forma anticipada, señala el texto.

El decreto entrará en vigor a partir de este miércoles y la Secretaría de Energía, la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dispondrán de un plazo máximo de 6 meses para realizar las modificaciones necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia de energía eléctrica, con el fin de alinearlos.

El otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias a centrales eléctricas no dependerá ni de la propiedad, ni de la fecha de inicio de operación comercial de las mismas, derogando la exclusividad de que sólo las centrales privadas podían obtener los certificados.

El decreto también instaura que en las operaciones de compraventa de energía eléctrica se fijará una hora o fecha futura y determinada, con el compromiso de realizar la entrega física de la energía y para lo cual el generador privado presentará al Cenace los programas de generación de las centrales eléctricas que formen parte del contrato mediante ofertas de programa fijo en el mercado eléctrico mayorista, conforme a las reglas del mercado.