Hasta el 8 de marzo, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, que instrumentó el Instituto Nacional Electoral (INE) para alertar sobre los políticos que tienen antecedentes y no podrían postularse como candidatos, da cuenta de 20 personas con reporte: 16 hombres y cuatro mujeres, dio a conocer la consejera Carla Humphrey.

Durante el foro Derechos Político Electorales de la Mujer, organizado por el INE, destacó el caso del alcalde de Altotonga, Veracruz, Ernesto Ruiz, quien tiene seis denuncias.

En tanto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, advirtió sobre la necesidad de ampliar las acciones para salvaguardar los derechos de la mujer en un país donde sólo 2.2 por ciento de las carpetas de investigación llegan a judicializarse. De esto se desprende que hay 97 por ciento de impunidad, por lo que se debe conferir un carácter prevalente a los derechos de la mujer.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que esta medida, asociada a la declaración tres de tres, que impedirá que quienes tengan antecedentes por violencia de género, acoso sexual o adeudos por pensiones alimenticias puedan postularse, forma parte de las nuevas acciones para alentar el derecho a la mujer, así como las de ampliar la paridad de las candidaturas y de representación en el Congreso, para involucrar a las gubernaturas –donde los partidos deberán postular siete candidatas– y presidencias municipales.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró insuficientes los avances que en materia de derechos políticos de la mujer se han alcanzado, pues no es posible que sólo haya una gobernadora, una jefa de Gobierno y únicamente 22 por ciento de los alcaldes sean mujeres. Se requiere alentar la mayor representación femenina en este renglón. Criticó que la ley sólo obligue a partidos a otorgar un mísero 3 por ciento para la capacitación de las mujeres y algunos ni eso cumplen.