El estadunidense William Oscar Jenkins llegó a México en 1901 y durante su vida amasó una fortuna de más de 780 millones de dólares (más de 14 mil millones de pesos, en disputa por sus descendientes; el empresario textil fue uno de los hombres más favorecidos por el gobierno de Porfirio Díaz y durante la época revolucionaria financió e impulsó la represión contra el zapatismo. El también agente consular de Estados Unidos en Puebla se autosecuestró en 1917.

Para imaginar las dimensiones del monto en disputa, equivale a dos veces los desvíos de recursos realizados en las secretaría de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con la denuncia presentada hace cuatro años ante lo que es hoy la Fiscalía General de la República (FGR), Jenkins –quien falleció en 1963– dejó la totalidad de su fortuna como herencia a la Fundación Mary Street Jenkins, una institución de beneficencia privada en honor a su esposa.

En su testamento decretó que no se repartiera ningún bien para sus hijos ni sucesores y solamente se daría una ayuda de mil dólares al mes a cada uno de sus descendientes, ya que a sus hijas y yernos él los apoyó a fin de crear empresas y negocios, por lo que consideraba que el dinero debía disfrutarlo quien se esforzaba en ganarlo.

A lo largo de su vida, Jenkins se relacionó con políticos que incluso alcanzaron la presidencia, tras la conclusión del movimiento revolucionario; en Puebla, llegó a tener influencia con personajes como Manuel Ávila Camacho, quien gobernó el país entre 1940 y 1946, y extendió su influencia política a través del controvertido hermano Maximino para designar alcaldes en las comunidades de su interés.

De acuerdo con datos de la denuncia presentada ante la FGR, y que ya fue consignada ante un juez federal y se libraran diversas órdenes de aprehensión en contra de los descendientes por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, los familiares tomaron el control de la junta de gobierno de la Fundación Mary Street Jenkins y mediante triquiñuelas se hicieron de sus recursos para financiar actividades personales, hasta que en mayo de 2014 comenzó la transferencia millonaria de la herencia.

Nueva fundación pantalla

En mayo de 2014, los entonces dirigentes de la agrupación cambiaron las normas que regulan la vida de esta organización y también signaron un contrato marco de donación condicional y así se transfirieron todos los bienes de esa institución a la Fundación Bienestar de Filantropía, con sede en Aguascalientes.

Meses después, en diciembre de 2014, los representantes legales de la Fundación Mary Street Jenkins –que habían sido los donatarios en el primer caso–, se convirtieron en los promotores de la transferencia de recursos a la misma Fundación Bienestar de Filantropía, pero esta vez constituida bajo las leyes de Barbados para movilizar todos los bienes financieros a cuentas en ese país, considerado un paraíso fiscal.

En diciembre de 2015, se realizó otro movimiento con estos recursos y según la escritura 19887, inscrita por el notario público primero, con sede en Panamá, Roberto R. Rojas, se efectuó la constitución de la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, y de esa manera desaparecer la denominación de Fundación Bienestar de Filantropía.

De esa manera, algunos de los descendientes de William Jenkins presentaron denuncias ante la justicia local y federal, por lo que las indagatorias en el ámbito federal ya dieron resultados y se han asegurado bienes inmuebles, obras de arte, al tiempo que se trabaja en el decomiso de los bienes que fueron integrados como parte de la Fundación Bienestar de Filantropía.