En prevención y erradicación del embarazo adolescente tenemos en la mano todo, sólo falta voluntad política, consideró Bertha Miranda Rodríguez, activista y abogada feminista e integrante del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente y del Subgrupo de Erradicación del Embarazo Adolescente en Hidalgo.

En el webinario ¡Mujeres adelante, sociedad vigilante!, organizado por la agrupación Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, la también coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) Hidalgo, expuso que la mayor parte de los embarazos en niñas menores de 14 años son producto de la violencia sexual que en ocasiones está normalizada en espacios familiares y comunidades. En estos casos, sostuvo, existe dificultad para denunciar y para hacer valer la interrupción legal del embarazo (ILE), conforme a lo que establece la norma oficial mexicana (NOM) 46.

De cara al Día Internacional de la Mujer, sostuvo que los “códigos penales de los estados son restrictivos en cuanto a violencia sexual. En algunos de los casos, como en Hidalgo, son violatorios de los derechos de las víctimas.

En dicha entidad, para que la ILE sea legal, se tuvo que haber denunciado la violación antes de saberse embarazada, pero las menores ultrajadas no salen de sus casas para ir a levantar una acta contra su agresor, porque la mayor parte de las veces la violencia ocurre en el hogar. Entonces, pasa un periodo y cuando se percatan de que están en estado de gravidez, en muchas entidades ya no alcanzan a acceder a la ILE, aun teniendo la NOM 046”.

Otro reto es que las procuradurías de justicia deben incorporar protocolos para la investigación y sanción de estos delitos, porque “no es posible que las niñas sean revictimizadas, contando la historia, cuatro, cinco o seis veces, solamente porque no estaba la persona correcta.

Esa es la importancia de poseer y aplicar protocolos específicos; además, el personal debe tener un criterio profesional con perspectiva de género”.

Señaló que una adolescente tiene cuatro veces más posibilidades de perder la vida durante y después del embarazo y hay mayor riesgo mientras menos edad tenga.

En México se ha implementado desde 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente (Enapea), la cual busca disminuir 50 por ciento los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años y erradicar el embarazo en las menores de 15 años. Esa meta está fijada para el año 2030.

Previo a la pandemia, en el país había al año 340 mil partos de menores de 19 años, y se tenía una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años.