Tras la reunión que sostuvo el miércoles pasado con el empresario rumano Florián Tudor, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como presunto líder de un grupo dedicado a fraudes con tarjetas de crédito, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, indicó que lo recibió como parte del derecho de audiencia que tiene como cualquier ciudadano.

Al final, después de que él hizo sus alegatos y una exposición general donde hay documentos, muchos de los cuales son públicos, lo escuchamos y le dimos la fecha para la garantía de audiencia que tiene con la UIF y eso fue todo. Los documentos que él entregó están en nuestras manos, en nuestra oficina y en general es información pública, explicó Rodríguez Velázquez al participar ayer en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Aunque informó que hasta el momento del encuentro la dependencia aún no contaba con conocimiento de alguna orden de aprehensión contra el rumano, la funcionaria le aclaró que la SSPC no es la instancia encargada de investigar su caso, ya que la indagatoria la realiza la Fiscalía General de la República.

En febrero ordenaron congelar sus cuentas

En febrero pasado la UIF presentó ante la FGR una denuncia por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Florián Tudor y anunció formalmente que ordenó que se congelaran sus cuentas bancarias.