A más de un mes de que salieran de Ciudad Mier, Tamaulipas, debido al acoso de agentes policiacos estatales, alrededor de 30 familias de dicha localidad continúan desplazadas de manera forzosa y no han recibido ningún tipo de ayuda económica, médica o sicológica por parte de las autoridades locales ni federales.

Así lo denunció Gilberto Almanza, representante legal de las víctimas, quien señaló que tras el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en el municipio de Camargo –un delito en el cual estuvieron involucrados los mismos agrupamientos de policía--, el hostigamiento contra los pobladores de Mier cesó de forma temporal, pero sin que ningún uniformado haya sido investigado por estos hechos.

Como informó este diario (23 de enero de 2021), decenas de familias originarias de Ciudad Mier salieron de la región y permanecen en un sitio que no revelaron, por temor a ser agredidas, luego de que elementos de la policía estatal de Tamaulipas y del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública (Gopes) entraran al pueblo a intimidarlos y agredirlos.

De acuerdo con los habitantes, ambos grupos de uniformados son responsables de la desaparición forzada de Luis Alberto Herrera y José Jaime Santacruz –quienes habrían sido entregados a grupos criminales por los mismos policías–, y de múltiples agresiones contra personas que se manifestaron de forma pacífica el 13 de enero para exigir que se detuvieran los abusos en contra de la comunidad.

Sin investigación a agresores

Después de lo que pasó en Camargo (con los migrantes asesinados), se detuvo a 12 Gopes. Parece que les llamaron la atención, porque se detuvo a las personas, pero las familias continúan desplazadas y no hay ninguna investigación sobre los agentes que agredieron y hostigaron a los habitantes de Ciudad Mier, lamentó el abogado.

A decir de Almanza, las personas desplazadas ya han solicitado ayuda tanto al gobierno local como al federal, y aunque muchos de ellos resultaron gravemente lastimados el 13 de enero por los policías que disolvieron su manifestación, hasta ahora ninguna de las víctimas ha recibido ayuda médica, sicológica o económica, por lo que han tenido que costear ellos mismos los gastos que implica estar fuera de su comunidad.