La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobará mañana el dictamen a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que, anticipa el proyecto, terminará con años de saqueo y de privilegios a la generación privada que causó un grave perjuicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la imposición de un mercado a modo de las empresas particulares.

El documento, que fue distribuido ayer a los integrantes de la comisión, resalta que la reforma propuesta por el Presidente tiene pleno sustento constitucional y pondrá fin a un mercado donde la CFE compra la electricidad a los particulares “al doble de precio y otorga subsidios encubiertos para mantener el sistema perverso de dumping”.

La comisión agregó a la iniciativa un artículo transitorio para definir que los contratos de autoabastecimiento obtenidos en fraude a la ley deberán ser revocados.

Los morenistas impidieron que la Comisión de Economía analizara el proyecto de opinión en contra de la iniciativa, con el argumento de que venció el plazo de 10 días previsto en el reglamento de la Cámara cuando se trata de una iniciativa presidencial preferente. Aunque el titular de la comisión, Fernando Galindo (PRI), explicó que el acuerdo fue ampliar el periodo para aguardar a las opiniones vertidas en el parlamento abierto, la semana pasada Morena y sus aliados sacaron el proyecto del orden del día, con 16 votos a favor y 13 en contra.

La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) sostuvo que las consecuencias de aprobar la reforma serán serias y lamentó que el parlamento abierto no sirviera para que la mayoría escuchara y debatiera.

Cuando los recibos lleguen más altos, los usuarios deben checar quiénes votaron por este atropello, dijo.

En contraste, en las consideraciones del proyecto de la Comisión de Energía se afirma que la reforma busca aplicar medidas para dejar de debilitar a CFE como suministrador de servicios básicos, en detrimento de los usuarios finales.

El perjuicio materializado en incrementos tarifarios o subsidios cada vez más onerosos, no es única y exclusivamente a la empresa del Estado, sino tiene un impacto directo en la hacienda pública y en los ingresos de los usuarios finales, sostiene.

Además, expresa la coincidencia en modificar el despacho de energía eléctrica a la red para dar prioridad a la que produce la empresa estatal, pues el despacho de los generadores eléctricos representa uno de los mecanismos que impuso privilegios a la generación privada, con graves perjuicios a la CFE, la empresa obligada a prestar el servicio público de energía a todo el país.

Detalla que el modelo actual de despacho se basa en un criterio económico discriminatorio, el cual origina que las centrales de la CFE que brindan la generación firme, la regulación de voltaje y las reservas de regulación necesarias para mantener la confiabilidad y seguridad en el Sistema Eléctrico Nacional, no recuperan sus costos totales. Éstos se integran por los costos variables más los fijos y la comisión camaral precisa que la CFE no los recupera porque la generación renovable intermitente (eólica y fotovoltaica) no provee los servicios que sí brinda la empresa del Estado.