l mundo se acerca al momento en el que será posible empezar a recuperar lo que hemos perdido por la pandemia. Mientras se avanza, por supuesto a muy diferentes velocidades, en el proceso de vacunación a escala global, que pudiera terminar con las restricciones al funcionamiento económico, es necesario plantearse escenarios de salida y las políticas públicas que pudieran conducirlos en sentido positivo, esto es, en la construcción de una sociedad renovada que pueda centrarse en la producción y reproducción de bienestar.
Por esto, una discusión relevante que debiéramos dar en nuestro país es la que está ocurriendo en Estados Unidos y en la zona euro en relación con los planes de ayuda. Como se sabe, el Congreso estadunidense está por aprobar un paquete fiscal de 1.9 billones de dólares, que se agrega a los programas de ayuda aprobados y operados en 2020, al tiempo que los europeos aprobaron un paquete de 750 mil millones de euros. Las cantidades involucradas son significativas en términos del producto interno bruto respectivo.
Lo interesante es que, pese a su magnitud, las diferencias de opinión son contrastantes: para algunos el tema es si los apoyos serán suficientes o si, por el contrario –para otros– hay riesgos de sobrecalentamiento e inflación. De lo que no hay duda, es que los gobiernos tienen que destinar cantidades ingentes para que hogares y empresas puedan resistir y recuperarse. El riesgo de que se concreten oleadas de quiebras es que los impactos sobre los hogares serán devastadores.
En lo que hay un amplio consenso es que es fundamental la participación de los gobiernos para que salgamos de esta crisis lo menos golpeados posibles y estemos en condiciones de iniciar una rápida recuperación. Como lo han advertido el FMI, el Banco Central Europeo y el Banco Mundial, los apoyos fiscales tendrán que mantenerse no solamente este 2021, sino algún tiempo más. La necesidad de esta participación estatal, lleva a reconocer que el desmantelamiento de las entidades estatales no sólo tiene que terminar, sino que es absolutamente necesario reforzar la presencia estatal en diversos ámbitos, por ejemplo en salud y educación.
La cuestión fundamental, una vez que hayamos resuelto el problema del Covid 19, será en qué medida los hogares y las empresas pudieron resistir los largos meses de confinamiento, y no si las finanzas públicas se mantuvieron en equilibrio, o si la deuda externa no creció. Del mismo modo que se reconoce la centralidad de la acción estatal, este Estado, con renovadas responsabilidades, tiene que reconocer que lo central es que las familias y las empresas salgan de la crisis y en la medida en la que vaya recuperándose se reconstruyan los tejidos sociales rotos por las décadas de neoliberalismo. Para ello son fundamentales los apoyos fiscales. Mantener los criterios económicos vigentes en las décadas pasadas, esto es, el cuidado de los llamados equilibrios fundamentales es en tiempos de la pandemia completamente inadecuado.
Recuperar la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento económico y la creación masiva de empleos obliga a reconsiderar la necesidad de ampliar el margen de maniobra con el que se cuenta. Es posible reorientar el gasto público a partir de ahorros en el gasto corriente durante un par de años, pero es iluso pensar que a mediano plazo puedan enfrentarse los requerimientos presupuestales que demandará la consolidación de la recuperación con políticas de austeridad. Para estar en condiciones de atender lo que resultará indispensable, es necesario que los ingresos públicos se fortalezcan.
No se fortalecerán sostenidamente estos ingresos a partir de terminar con las condonaciones tributarias. Lo cierto es que se requiere ahora, y se requerirá más en el futuro, que los ingresos tributarios crezcan sustancialmente, proponiéndonos alcanzar progresivamente las proporciones existentes en la hacienda pública de nuestros socios comerciales. Es indispensable replantear el pacto fiscal actualmente vigente, congruente con las reformas orientadas al mercado implantadas en los años 90 y sostenidas por la petrolización de las finanzas públicas.
Se requiere ampliar la contribución de los altos ingresos y, además, que todos paguemos impuestos para que la hacienda pública pueda atender las necesidades de renovadas políticas públicas. Sin esto, no será posible una recuperación que pueda proponerse la construcción de una sociedad basada en el bienestar de todos. Se trata de que una acción estatal ampliada sea posible y sustentable a largo plazo, de modo que se equilibre lo que la sociedad demanda con lo que la sociedad esté dispuesta a contribuir
