La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE) por el cual se determinó que sería por la noche, en el horario de mayor rating, cuando se difundirían la mayoría de los promocionales de los partidos políticos durante el segundo semestre del año.

Al resolver quejas de Tv Azteca y Televisora del Valle de México, los magistrados consideraron que el comité se excedió en sus facultades, por lo que ordenó que la transmisión de los anuncios se realice de manera igualitaria, es decir, tres por la mañana, tres por la tarde y tres más en la noche, y no 3-2-4 como había avalado el organismo.

Por otra parte, trascendió que en reunión privada, los integrantes de la Sala Superior determinaron sacar del orden del día de la sesión pública de ayer el tema de la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas y posponer su análisis para la próxima semana. Versiones periodísticas apuntaban a que el acuerdo del INE que obliga a los partidos a postular al menos siete mujeres como candidatas se abordaría ayer, pero los magistrados decidieron seguir revisando el asunto.

Sin embargo, tanto el Senado de la República como el Partido Acción Nacional (PAN) impugnaron el proyecto aprobado con el argumento de que instituto se adjudicó funciones legislativas que no le corresponden y además violenta el federalismo, pues se trata de decisiones que competen a los congresos estatales.

Sobre la emisión de los promocionales, las televisoras señalaron que el acuerdo del Comité de Radio y Televisión las perjudica al poner a disposición del INE los horarios con mayor audiencia para la transmisión de la pauta correspondiente al periodo ordinario del segundo semestre del año.

Los jueces electorales ordenaron que la distribución de los spots se haga conforme al acuerdo aprobado para el primer semestre, el cual establece una proporción de 3-3-3.

En otro orden de ideas, validaron la decisión del INE de no aceptar como capacitadores y supervisores electorales a personas que tengan más de 60 años, con el fin de proteger a esa población del Covid-19.