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Denuncia el sistema judicial de Colombia cerca de 2 mil 100 desapariciones forzadas por construcción de hidroeléctrica
 
Periódico La Jornada
Jueves 10 de diciembre de 2020, p. 32

Bogotá. Cerca de 2 mil 100 personas fueron desaparecidas en el área donde hoy se construye la mayor hidroeléctrica en Colombia, reveló ayer el Poder Judicial, que investiga los peores crímenes del conflicto interno.

Estas desapariciones forzadas, que se dieron en el contexto del enfrentamiento entre fuerzas guerrilleras, paramilitares y del Estado colombiano, tuvieron un incremento inusitado a partir de 1996.

Sin embargo, el número de desapariciones se reduce de manera consistente a partir de 2010, señaló en un comunicado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a partir de los acuerdos de 2016 con los rebeldes de las desarticuladas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los grupos enfrentados, principalmente los paramilitares que en la época combatían a la ex guerrilla, sembraron terror con esta práctica en un vasto territorio del departamento de Antioquia, en el noroeste del país, bañado por el río Cauca y donde se llevan a cabo las obras de la megarrepresa Hidroituango.

En esta región este gravísimo crimen de desapariciones fue masivo, generalizado y persistente, denunció la JEP, que documentó dos mil 94 víctimas dentro del proceso de medidas cautelares que impuso para proteger los lugares donde podrían hallarse algunos cuerpos.

Sólo este año la JEP ha ubicado ocho de ellos con signos de muerte violenta en el área de la hidroeléctrica. La fiscalía, por su parte, exhumó otros 176 restos humanos en los últimos años en la misma zona, de acuerdo con el comunicado.

El proyecto energético está bajo la lupa de la Contraloría General por los retrasos y un sobrecosto.

Con un presupuesto inicial de mil 700 millones de dólares, la construcción pasó a 3 mil 700 millones.

Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55 por ciento) y las colombianas Conconcreto (35 por ciento) y Coninsa-Ramón H (10 por ciento).

Aunque el desarme de los paramilitares en 2006, y de las FARC en 2017 redujo el conflicto, Colombia atraviesa un nuevo ciclo de violencia.