So pena de atentar contra su integridad, imponían cuotas a repartidores de agua en pipas de 4 alcaldías
Jueves 10 de diciembre de 2020, p. 40
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local detuvieron a 26 hombres por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión, luego de que exigían dinero a los conductores de pipas distribuidoras de agua potable en Xochimilco, a cambio de no dañar su integridad física.
De acuerdo con las primeras indagatorias de la SSC, se trata de presuntos integrantes de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, conocida como sindicato Libertad, quienes operaban en la zona de Cuemanco.
Aunque la dependencia no dio a conocer el monto que entregaban los conductores de las pipas a los probables delincuentes, señaló que los uniformados acudieron a calles de la colonia Ciénega Grande, en atención a una denuncia ciudadana de extorsión.
Los policías entrevistaron a uno de los encargados de la empresa distribuidora de agua en pipas, quien señaló que varias personas les impidieron trabajar
hasta que entregaron cantidades de dinero, por lo que denunciaron el hecho para evitar que se repitiera una nueva extorsión.
La SSC desplegó un operativo que llevó a la aprehensión de las 26 personas en la avenida Canal Nacional y Anillo Periférico, y se les halló un arma de fuego, cinco cartuchos útiles, cuatro armas punzocortantes, 24 bolsas de plástico con mariguana y dinero en efectivo. Los detenidos fueron trasladados a la agencia 50 del Ministerio Público.
En septiembre pasado, el líder de la agrupación sindical, Hugo Bello Valenzo, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado, por lo que un juez de control le impuso la prisión preventiva oficiosa; desde entonces está preso en el estado de México por su presunta responsabilidad en diversos delitos.
Según investigaciones de las autoridades capitalinas, el Sindicato Libertad también opera en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Tlalpan, y se le involucra en presuntas extorsiones por construcciones, tanto públicas como privadas, en las que con lujo de violencia imponen cuotas a las empresas por el traslado de cascajo.
Igualmente, impide la distribución de agua potable de manera gratuita en las zonas donde falta el servicio, para obligar a los vecinos a comprarles a ellos, pues tienen establecido su propio negocio de pipas.