El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur difirió la audiencia intermedia de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, que se realizaría este martes y en la cual se determinaría si son suficientes y válidas las pruebas que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para responsabilizarla de ejercicio indebido del servicio público y daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, razón por la cual solicita una pena de 21 años de prisión.

El impartidor de justicia aún no establece una nueva fecha para llevar a cabo la diligencia que forma parte de la investigación por el caso conocido como la estafa maestra.

La diligencia de la ex secretaria de Estado vinculada a proceso en el caso de los contratos multimillonarios otorgados a universidades y asociaciones civiles, que al final resultaron presuntamente un fraude, estaba programada para hoy a las 10 de la mañana en juzgados del Reclusorio Sur.

Hace unas semanas, Rosario Robles afirmó en su cuenta de Twitter que decidió acogerse a la figura de testigo colaborador y que hablará con la verdad en torno a los desvíos de recursos que se cometieron en las instituciones que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por ello, sus abogados mantienen reuniones con funcionarios de la FGR para acceder a un crite-rio de oportunidad.

Para esta etapa, la ex funcionaria solicitó al juez de distrito que cite a declarar a 15 testigos para demostrar su inocencia, entre ellos al ex oficial mayor Emilio Zebadúa y al actual titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares.

Zebadúa también es investigado bajo sospecha de haber sido el responsable de suscribir los contratos irregulares con empresas fachada.

A finales de octubre, el juez de control Ganther Villar Ceballos declaró improcedente la peti-ción de Robles Berlanga de sus-pender la causa penal en su contra. En ese entonces sus abogados sostuvieron que el delito que se le imputa se derogó en 2006, además de que ella no suscribió los convenios, pero el juez declaró improcedente la petición y sustentó su resolución al afirmar que no se realizaron argumentos nuevos posteriores a la vinculación a proceso.