enera preguntas y especulaciones la solicitud mexicana de que sea juzgado acá Genaro García Luna, quien fue ejecutante secretario de Seguridad Pública durante el sexenio funerario de Felipe Calderón Hinojosa y actualmente está detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de haber servido al crimen organizado, en específico al cártel de Sinaloa.

Hay diferencias en lo sucedido con el general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto y el gobierno obradorista se afanó en traerlo de regreso a México, no para sostener en lo inmediato (¿o nunca?) el grueso expediente de densas acusaciones en su contra por delitos relacionados con el crimen organizado. Parecería muy difícil que García Luna retornara a México para ser liberado de inmediato y pasara a descansar a su casa, dejando número telefónico y domicilio para ser notificado si algo fuese judicialmente necesario.

Cienfuegos significa la continuidad del espíritu corporativo militar representado actualmente por el general Luis Cresencio Sandoval y también muestra los límites de las acciones reales del obradorismo contra la corrupción del peñismo, que hasta ahora se han centrado en Rosario Robles y otros personajes de menor nivel en el organigrama del poder sexenal anterior.

En cambio, García Luna encarna la oportunidad, incluso electoral o acaso intencional y particularmente en este terreno, de enjuiciar políticamente en casa tanto al Partido Acción Nacional, que llevó al poder por la vía fraudulenta a Calderón Hinojosa y, con éste, a personajes nefastos como el citado García Luna, como al fallido proyecto de partido México Libre, en el que se han pertrechado el antes citado Calderón y su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo.

El estigma felimargarolunista afectaría sus pretensiones de alianza con el PAN y eventualmente con el Revolucionario Institucional (PRI), que está en vías de una alianza electoral. O con el Movimiento Ciudadano, que pareciera estar dispuesto a ofrecer alternativas al combo conyugal si el PRIAN(rd) les cierra las puertas.

Si la buena voluntad agónica del trumpismo ayuda al gobernante del vecino del sur con la extradición de García Luna, el Palacio Nacional de México tendría una inmejorable carta de presión hacia el calderonismo. Ya el otro tema, el de la credibilidad y eficacia de los sistemas judicial y penitenciario, para procesar justicieramente y mantener en prisión al ex jefe policiaco felipista, sería otra cosa. Por ahora, lo importante son las elecciones.

Cuatro de los cinco nombramientos que impulsa el Presidente de México tienen una carga política e ideológica que ha provocado de inmediato reacciones de sus adversarios.

Dos de las propuestas se encaminan hacia organismos autónomos: la economista de izquierda Graciela Márquez Colín deja la Secretaría de Economía en busca de ser aprobada por el Poder Legislativo para ocupar un asiento en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y la economista y matemática Galia Borja Gómez deja la Tesorería de la Federación para enfilarse, previa autorización legislativa, al Banco de México como subgobernadora (donde, junto con Gerardo Esquivel, incrementará la presencia obradorista en el banco central).

Al relevo de Borja Gómez llegará Elvira Concheiro (también sujeta a votación legislativa), socióloga de izquierda con amplio reconocimiento académico. Estas tres propuestas corresponden, en diversos grados del abanico ideológico y de la conexión política con Palacio Nacional, al proyecto de izquierda que, según puntualización del Presidente de la República, ha entrado a su segunda fase.

Tatiana Clouthier, proveniente del panismo pero identificada plenamente con el obradorismo, intentará mantener vínculos (como Alfonso Romo) con el empresariado y ofrecer una alternativa para 2024 con menos carga izquierdista, pero sí con eficacia mediática y, es de esperarse, administrativa. ¡Hasta mañana!

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