La Ley General de Aguas, pendiente desde 2012, cuando se garantizó en la Constitución el derecho humano al agua, debe responder a las necesidades ambientales, atender los problemas de contaminación y gestión del líquido, además de garantizar el derecho que tienen los pueblos indígenas al recurso, señalan especialistas.

En análisis rumbo a esta legislación, divulgado en la revista Argumentos, estudios críticos de la sociedad de la UAM, Francisco López Bárcenas indica que para que los pueblos indígenas puedan gozar de su derecho al agua deben adecuarse las leyes a los principios constitucionales.

Sostiene que a las actividades de uso doméstico, industrial y de riego para la agricultura y la ganadería de exportación, que por mucho tiempo se privilegiaron, se sumaron la industria minera, la generadora de energía eléctrica y la de extracción de hidrocarburos del subsuelo.

Agrega que esto llevó a que en las últimas décadas el gobierno y la iniciativa privada impulsaron la construcción de presas hidroeléctricas y acueductos que trasvasen el agua de una cuenca a otra porque, contra toda lógica, las nuevas industrias se ubican no donde puedan acceder al líquido, sino en los lugares que les reditúen más ganancias.

Estos nuevos usos y formas de gestión gerencial del agua afectan a los pueblos, sobre todo a los indígenas, en cuyos territorios se encuentra 49 por ciento de las cuencas más importantes del país, plantea.

Gran parte de la problemática del agua en el país se debe al enfoque de regulación que prioriza el aprovechamiento y es urgente una regulación que dé respuesta a las necesidades ambientales, así como al cumplimiento de los derechos humanos, plantearon Alya Ramos, Laura Galván y Xóchitl Zagal en el estudio Hacia una Ley General de Aguas basada en la sustentabilidad.