El Senado analiza la propuesta de la bancada del Partido Encuentro Social para integrar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

La coordinadora del grupo parlamentario, Sasil de León, manifestó que cuando se trate de denuncias y querellas penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por probables delitos detectados en auditorías, la fiscalía especializada en corrupción deberá investigarlas y sustanciarlas en un plazo no mayor a 45 días hábiles.

La propuesta busca mayor coordinación entre las autoridades que integran el sistema anticorrupción y el fiscalizador, lo que ayudará a fortalecer la lucha emprendida por la administración actual para desarticular las redes viciadas que permiten desvíos y mal uso de recursos del erario.

El combate a la corrupción debe ser enfrentado en todas sus facetas y evitar que los ciudadanos y el bien común sigan siendo afectados, aseveró.

Cabe recordar que el Comité Coordinador es la instancia responsable del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a este flagelo. Los integrantes de dicho organismo son un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo preside; el titular de la ASF; el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; un representante del Consejo de la Judicatura Federal; el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

De León aseguró que las administraciones pasadas empleaban esquemas de triangulación de dinero hacia empresas fantasma, simulando la adquisición de bienes y servicios. Las secretarías de Estado recurrían, dijo, a una excepción legal que permite a entes públicos realizar convenios sin licitación con otras entidades de gobiernos, siempre y cuando comprueben tener la capacidad técnica, material y humana para el cumplimiento del contrato.

Indicó que la ASF promueve el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal para que el SAT audite a estas empresas, así como la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por estos hechos. Lo preocupante, precisó, es que en este esquema la UIF no detectó estas transaccio-nes irregulares.