Aunque el actual gobierno ha mostrado voluntad política para atender el fenómeno del desplazamiento forzado interno, e incluso aprobó recientemente una ley sobre este tema en la Cámara de Diputados, dicha norma no ha tomado en cuenta las opiniones de las víctimas, los colectivos civiles y los expertos en la materia. 

Así lo advirtió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la cual deploró que aunque las autoridades anunciaron un supuesto proceso de parlamento abierto para crear la mencionada ley, en realidad no se han atendido las observaciones.. 

Brenda Pérez, coordinadora del área de desplazamiento interno de la organización, indicó en entrevista con La Jornada que la administración de Andrés Manuel López Obrador ha demostrado tener voluntad política e interés genuino en avanzar en el tema, como lo demuestra el hecho de que en 2019 admitió la existencia y su gravedad del problema. 

Ley pendiente en el senado

Todo tomó una velocidad que no podía creer, porque en la Cámara de Diputados (el 29 de septiembre de este año) aprobó una reforma para tipificar el desplazamiento forzado interno como delito. Fue un primer acto muy rápido, aunque la ley todavía está pendiente en el Senado, explicó la especialista. 

Sin embargo, aunque se realizaron consultas para elaborar la normatividad “y por fuera parecía todo bien, no se convocó a quienes podrían nutrir ese espacio. [...] Esta situación es preocupante, dado que sí hubo un ‘parlamento abierto’, pero no fue real. A nosotros nos avisaron un viernes para hacer la sesión el miércoles, sin tiempo para leer la iniciativa”, dijo.