El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, advirtió que el Covid-19 va a exigir un trabajo redoblado de los impartidores de justicia, ya que la pandemia está exacerbando la violencia intrafamiliar, el machismo, el racismo y la discriminación, por ello dijo que será trascendente la tarea de jueces y de los órganos políticos; los poderes legislativos y ejecutivos tendrán que hacer su labor para combatir estas situaciones que afectan a los olvidados de México.

Al inaugurar el seminario Justicia y protección de grupos vulnerables, organizado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (Amij), el también presidente del Poder Judicial de la Federación (PJF) mencionó:

No podremos ser un país libre mientras haya gente que no tenga lo indispensable para vivir; no podemos ser una nación libre mientras las mujeres sean discriminadas y no haya igualdad y paridad de género; no podemos ser un país libre mientras haya feminicidios y violencia de género, no podemos ser una nación libre mientras se siga discriminando a los pueblos indígenas o se siga discriminando por el color de la piel.

Asentó que no podremos ser un país libre mientras siga habiendo clasismo y haya una clase que se crea poseedora y propietaria del país y la verdad absoluta. Requerimos ser parte de una transformación de la sociedad mexicana que nos permita avanzar hacia un país más justo y más igualitario en el que todos los mexicanos podamos vivir en armonía y en paz.

Por ello, mencionó que los jueces deben redoblar su compromiso con los grupos más vulnerables, más desprotegidos, discriminados, con los olvidados de México.

En su discurso, Zaldívar señaló que los países latinoamericanos no han podido llegar a estadios de bienestar como los tienen otros estados del mundo, ya que muchos de los derechos sociales siguen siendo aspiracionales, “no son una realidad para el pueblo o para los pueblos de nuestros países, y por ello los jueces institucionales de Latinoamérica no podemos ser defensores del statu quo. Debemos tener un compromiso transformador de la sociedad, un compromiso para que el derecho sea motor del cambio social, para expandir los derechos, para que los derechos sean efectivamente la ley del más débil”.

Agregó que a partir de este compromiso que los tribunales constitucionales de la región tienen con los derechos de los más vulnerables, la doctrina común de los tribunales compiten con ventaja frente a los de otros países del mundo, porque ya no se dedican a repetir lo que se ha dicho en otros países de Europa o en Estados Unidos, sino que generan sus propias doctrinas y categorías de un constitucionalismo transformador, comprometido con los derechos de la gente.