Al menos 11 padres y madres de los pequeños que murieron en la Guardería ABC, así como de otros casos relacionados con víctimas del delito, entraron ayer sin permiso a la Secretaría de Gobernación (SG). Al cierre de esta edición varios de ellos permanecían en el inmueble, con la exigencia de ser atendidos por el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Alejandro Encinas.

Cerca de las ocho de la noche, la dependencia dijo que se acordó dar seguimiento a sus casos la próxima semana, y ofreció el lunes para ello. Añadió que la atención se da en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en una política de puertas abiertas, y se continuará la atención para canalizarlos a las instancias correspondientes.

En un comunicado puntualizó para el caso de la Guardería ABC que los núcleos familiares han recibido, a lo largo de los años, atención y reparaciones por parte del Estado mexicano. Indicó que de las 22 familias que se encuentran afuera de la SG, la Comisión de Atención a Víctimas ha emitido 21 resoluciones para la reparación del daño y se han pagado diversas cantidades por concepto de compensación económica complementaria. "No obstante, las familias han impugnado estas resoluciones por estar en desacuerdo con los montos".

La incursión a la SG ocurrió poco antes de mediodía, cuando Silvia Castillo, madre del joven Alan Francisco Ibarra, asesinado en marzo de 2019, y Roberto Cuello, padre de Lía, una niña que fue víctima de abuso sexual en 2017 –ambos casos en San Luis Potosí–, treparon la reja metálica de las oficinas centrales de esta dependencia y lograron subir a un barandal del primer piso, donde el personal de seguridad los rodeó.

Ayer, ya dentro de Gobernación, Silvia Castillo dijo auxiliada de un magáfono: Señor Presidente... lo único que queremos es justicia, no queremos dinero. Tomamos la CNDH [...] y ahora estamos aquí en la Secretaría de Gobernación.

La situación se prolongó por varias horas, durante las cuales integrantes del Cuerpo de Bomberos y policías capitalinos resguardaron a los manifestantes, al tiempo que les cerraban el paso.

Mientras tanto, un grupo de 29 padres y madres de la Guardería ABC –quienes se encuentran en plantón desde el lunes pasado afuera de la SG– observaban la protesta, hasta que aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para advertir que, si en 25 minutos no acudía personalmente el subsecretario Encinas a dialogar con ellos, también entrarían por la fuerza al inmueble.

Poco después de las tres de la tarde, cinco padres treparon rápidamente la reja y entraron al patio del edificio, donde un grupo de guardias les impidió el paso, sin arrestarlos. Durante la confusión, otro grupo de seis padres y madres lograron entrar por una puerta de la calle lateral. No hubo choque o golpes entre el personal de seguridad y los manifestantes.

Más tarde salió en silla de ruedas Castillo; los paramédicos dijeron que había presentado hipertensión.

En tanto, autoridades del gobierno federal señalaron que el caso que originó la protesta de ayer es de resolución estatal, específicamente de la fiscalía de San Luis Potosí. Relataron los pormenores del diálogo con los demandantes, explicándole en todo momento que su asunto no es de competencia federal.

Al cierre de esta edición, en el edificio de Gobernación permanecían los 11 padres y madres de los 49 pequeños fallecidos en la Guardería ABC, el 5 de junio de 2009.