ecién se aprobaron reformas legales para concretar la extinción de 109 fideicomisos existentes en el andamiaje administrativo y legal del país. Curiosamente el desmantelamiento de éstos no fue homogéneo, pues muchos relacionados con ámbitos de seguridad o de incumbencia militar, como con la compra de armamento, no fueron ni siquiera mencionados como susceptibles de ser modificados para obtener recursos y enfrentar la crisis que acarrea la pandemia por Covid-19. La discusión legislativa al respecto resultó ser particularmente interesante a fin de entender un poco mejor la compleja tarea de la construcción de consensos en el Congreso, en un momento significativo de la vida pública y política de la nación, aunque también para entenderla mejor entre la diversidad de actores que se manifestaron a favor y en contra de esas reformas, que al final aprobaron los legisladores.

Comenzaré diciendo que llama poderosamente la atención la ausencia de una deliberación más profunda por parte de algunos grupos en el Congreso. Hasta cierto punto, la discusión se partidizó, dejando incluso de lado la centralidad del debate; es decir, la obligación del Estado de no violentar principios de derechos humanos, como el de progresividad y el de no regresividad, así como el que se tiene a la buena gestión de los recursos públicos y a contar con fondos suficientes para recibir atención adecuada por parte del Estado, buscando cumplir así las obligaciones en materia de derechos humanos.

No puedo omitir mencionar que entre los fideicomisos que más generaron indignación por su desaparición se cuentan el del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como el correspondiente al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de donde se toman recursos para brindar atención a miles de víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

Sobre éstos, además de lo relacionado con cultura, ciencia y tecnología, hubo sólidos pronunciamientos llamando a evitar el atentar directamente contra los derechos de personas y grupos que se verían afectados. Sin duda muchas de esas peticiones partían de la necesidad de garantizar fondos públicos suficientes para apoyar a miles de personas afectadas por la violencia, dada la crisis de derechos humanos que enfrenta México.

Si bien es cierto que para algunos actores resultaba oportuna la propuesta de eliminar esos fideicomisos, también es verdad que se escuchó con fuerza por parte de otros actores su valoración sobre la oportunidad de mantener algunos de los 109 fideicomisos en discusión, siempre con la obligación formal de fortalecer la buena gestión de éstos, la mejora en sus reglas de operación y administración, además de la adecuada vigilancia y rendición de cuentas sobre del destino final de esos recursos públicos.

Sin embargo, se entendió erróneamente que las propuestas, incluso de algunas agrupaciones sociales, se inclinaban todas por acabar parejo con estas figuras jurídicas y administrativas. Vale la pena destacar que en el caso de los recursos administrados en fideicomisos en materia de defensores, periodistas o atención a víctimas, se trataba ni más ni menos que de conquistas que grupos de personas afectadas en sus derechos, así como organizaciones sociales, habían logrado con muchos años de esfuerzo.

Por ello, ahora la disputa es por conservar derechos ganados a través de procesos organizativos de víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos. Dados los resultados en la arena legislativa, resulta por lo mismo primordial que se abra un diálogo efectivo para conocer directamente, de voz de las instituciones obligadas, como la Secretaría de Gobernación y la de Hacienda y Crédito Público, qué garantías darán para que existan los recursos debidamente etiquetados y asegurados para atender a los grupos que han señalado que el Estado les deja en desprotección, por causa de la eliminación de esos fideicomisos.

Para tal diálogo, debe evitarse la visión asistencialista que se ha pretendido dar a la solicitud de recursos de las víctimas, periodistas o defensores, pues en realidad no es un tema de asistencialismo, sino de derechos. Hoy sabemos que esos recursos, que se destinan a su atención, son también condiciones y medios por los cuales se posibilita a estos grupos para que sigan en sus procesos de exigencia y trabajo por la verdad, la justicia y la reparación, coadyuvando con propuestas por la no repetición de los hechos violatorios que padecieron.

Este intento de diálogo estratégico, junto con cualquier otra acción que impulsen los grupos que se ven agraviados, tendría que dar como resultado centrar el debate acerca de que para garantizar los derechos humanos no debe existir techo presupuestario, como lo ha dicho el mismo Presidente. Si no es así, se incurre en el incumplimiento de obligaciones internacionales y constitucionales.