a noche del jueves, un artefacto explosivo estalló en la casa de campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) en la capital boliviana cuando el presidente electo, Luis Arce, se encontraba reunido con integrantes de su equipo de trabajo. El ataque contra quien gobernará a Bolivia a partir del domingo se produjo al mismo tiempo que Santa Cruz, el departamento más rico del país y bastión de la ultraderecha, iniciaba dos días de bloqueos carreteros y paro a fin de impedir que Arce asuma la presidencia.
Aunque, afortunadamente, tanto el mandatario electo como quienes lo acompañaban salieron ilesos del atentado, éste supone una alarmante escalada en el despliegue de violencia con que la derecha andina reaccionó a su aplastante derrota electoral el pasado 18 de octubre. Si tal ha sido el recurso de la oligarquía y de los sectores sociales a los que ha logrado movilizar, es porque su postura se encuentra en una absoluta orfandad de argumentos: la denuncia de fraude contra el candidato del MAS resulta risible, no sólo por el amplísimo margen entre el triunfador y su más cercano rival –de 26 puntos porcentuales– sino porque el aparato de recepción y conteo de los votos se encuentra en manos del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, el cual mantiene una hostilidad delictiva contra Arce y su partido.
Además de ser repudiable en sí mismo, este clima de parálisis de la actividad económica e intimidación contra los militantes del MAS, replica al que precedió al golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. No puede olvidarse que hace un año los mismos sectores que hoy desconocen el incontestable triunfo de Luis Arce emprendieron el desquiciamiento de la vida cotidiana en las principales urbes del país y condujeron una serie de atentados contra los domicilios y las familias de funcionarios del depuesto presidente Evo Morales, quien acababa de conseguir su relección con más de 10 puntos de ventaja sobre Carlos Mesa (el candidato de la derecha neoliberal, nuevamente vapuleado por Arce). Tampoco debe perderse de vista que esas movilizaciones, claramente signadas por el más execrable racismo, fueron usadas como pretexto por las cúpulas militar y policial para romper la institucionalidad y perpetrar el componente castrense del golpe contra Morales.
En suma, se repite un patrón de comportamiento en que las derechas recurren a expedientes inadmisibles en su incapacidad para aceptar la realidad política inaugurada con el triunfo de Evo Morales en las elecciones de 2005: una en la cual las mayorías sociales apuestan por un proyecto de nación soberana, que construye su propio camino –con aciertos y errores– al margen de los dictados de Washington y sus personeros locales. Una realidad en la que la prepotencia de los oligarcas ya no puede atropellar la dignidad de las mayorías.
Cabe esperar que estos grupos violentos sean neutralizados por la movilización popular que mantuvo en pie el proyecto masista durante este año del gobierno de facto, y que creó las posibilidades para el contundente triunfo del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Como señaló el secretario general de la Central Obrera Boliviana –confederación sindical que resguardará la toma de protesta de Luis Arce– la derecha debe aceptar su derrota, cesar en sus ofensas al pueblo boliviano y poner fin a la discriminación y el racismo que han sido sus señas históricas.
