Por dos votos frente a uno, las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo y Administrativa en el estado de Yucatán determinaron negar a la empresa Papo el reinicio de actividades en una granja de 49 mil cerdos, las cuales están suspendidas desde hace dos años, por los posibles riesgos que su actividad representa para el medio ambiente, el agua y los niños de las comunidades mayas de esa zona de la entidad.

El recurso de revocación solicitado por la empresa pretendía levantar la suspensión definitiva que desde el 9 de octubre de 2018 fue emitida por el juzgado cuarto de distrito en el estado de Yucatán, quien ordenó el cese de operaciones de la granja porcícola.

Aunque los argumentos de la sentencia aún no se han hecho públicos, la determinación garantiza la vigencia de la paralización de las actividades de la granja, en tanto se resuelva el recurso de revisión que se encuentra ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución favorece a la comunidad maya de Homún, que desde hace más de cuatro años ha llevado a cabo una batalla legal y política por la defensa de sus recursos naturales, su tierra, su territorio y su libre determinación.

Con el mismo objetivo, más de 20 comunidades mayas de la península y las organizaciones civiles Indignación, Misioneros AC-Guardianes de las Semillas y Greenpeace México interpusieron una denuncia regional ante las oficinas federales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua. En caso de que esas instancias centrales resuelvan que hay una ilegalidad y afectación ambiental, los demandantes pedirán la clausura de estas granjas y que no otorguen otra autorización, mientras las autoridades realizan un monitoreo y revisión de la situación actual y si comprueban que cometieron delitos ambientales, dar parte al Ministerio Público Federal.

Entre las evidencias que presentaron se encuentran las afectaciones que las granjas porcícolas han generado y el estudio La carne que consume al planeta, elaborado por Greenpeace México.

Violan sus derechos y formas de vida, acusan

Carlos Raúl Llamá Ventura, habitante de Kinchil y representante de las comunidades, expuso que el reclamo del pueblo maya es ante las violaciones flagrantes y consecutivas hacia los derechos sobre su territorio y sus formas de vida en relación con la tierra y el agua en la que subsisten.

Lourdes Medina Carrillo, abogada de Indignación, refirió que en la denuncia expusieron los hechos y los argumentos legales con sustento científico, estudios técnicos de cambio de uso de suelo que han realizado para la instalación de las granjas, violaciones a los pueblos indígenas, así como estudios de la calidad del agua que comprueba que los pozos y cenotes de la zona están contaminados.

(Con información de Abraham Bote La Jornada Maya)