Al obtener un fallo a su favor por parte del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el gobierno de la Ciudad de México inició el proceso de demolición total de una torre de oficinas de 29 niveles, 11 de ellos bajo el nivel de la calle, que se construía de manera irregular en Periférico Sur 3042, a un costado de la presa Anzaldo, zona catalogada como de valor ambiental.

La obra, que se clausuró en reiteradas ocasiones, llevaba un avance de 75 por ciento y representaba una inversión de 402 millones 51 mil 855 pesos.

Contra la corrupción, hoy la ciudad gana, afirmó en sus redes sociales la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien señaló que habrá cero tolerancia para este tipo de actos.

A su vez, la directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Andrée Lilian Guigue Pérez, explicó que se realizó un dictamen de daño ecológico en el que se obliga a Banca Mifel a asumir el costo de la demolición del desarrollo inmobiliario en su totalidad, así como a pagar más de 61 millones de pesos por el perjuicio ocasionado y restaurar el sitio.

La funcionaria indicó que la desarrolladora nunca demostró que contara con una licencia de uso de suelo que permitiera hacer la obra, la cual invadió el cuerpo de agua y no contaba con permisos en materia ambiental.

Detalló que el costo estimado de la demolición, que se realizará en un periodo estimado de 60 días por parte de una cuadrilla de 80 trabajadores, es de 30 millones de pesos.

El 4 de julio de 2019 la Secretaría de Medio Ambiente emitió una resolución por medio de la cual se determinó demoler dicho inmueble y la imposición de multas por un monto de 61 millones 441 mil 843.33 pesos.

Sin embargo, el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad en contra de la determinación ante el TJA de la Ciudad de México, por lo que obtuvo de manera provisional la suspensión del acto a fin de continuar con la construcción.

El recurso de apelación presentado por los responsables de las obras se desechó por extemporáneo y dado que ya se cumplió con el tiempo legal establecido en el dictamen de afectación ambiental, se acordó que la dependencia capitalina realice el derribo del edificio.

Obra plagada de anomalías

Entre los requisitos que incumplió la empresa se encuentra la ausencia del dictamen de impacto urbano, de la manifestación de tipo ambiental e irregularidades en la construcción, entre otros.

El gobierno capitalino también inició una estrategia jurídica para ejercer acciones legales por medio de la vía administrativa y penal.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) presentó una demanda de acción pública y una denuncia en contra de quien resulte responsable, así como en contra del director de obra, corresponsable, constructor, representante legal y/o propietario ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, por lo que se abrió la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3 C/D/00427/03-2018.

Asimismo, se inició un juicio de lesividad mediante el cual se determinó la suspensión para que no se continúe con la edificación.