La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, aseveró que de aprobarse en los próximos días la iniciativa que busca reformar la fracción I del artículo 159 del Código Penal de Guerrero, que señala diversas medidas que obstaculizarían el acceso a la interrupción legal del embarazo, impactaría negativamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas de la entidad.

En una carta enviada al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Jesús Villanueva Vega, exhortó a los legisladores a comprometerse con la progresividad de los derechos humanos, a garantizar a mujeres y niñas de la entidad el derecho a una vida libre de violencia, la salud, la justicia y la vida.

Expuso que el dictamen de la Comisión de Justicia busca definir como plazo para la interrupción legal del embarazo las 12 semanas de gestación, previa denuncia ante la autoridad correspondiente. Asimismo, propone que cuando se trate de una menor de edad deberá ser acompañada por sus tutores ante las autoridades de salud y de investigación.

Ante ello, Gasman destacó que la denuncia en un periodo dado dilata y obstaculiza el acceso de las víctimas de violación a los servicios de salud y éstas corren el riesgo de ser revictimizadas.

Señaló que la iniciativa contraviene el marco jurídico de la norma mexicana 046, que indica que sólo las niñas menores de 12 años deben ser acompañadas para la prestación del servicio de aborto. A su vez, agregó, fincar responsabilidades profesionales al personal médico que asiste a una víctima de violencia sexual irrumpe la lógica de la ayuda y asistencia necesaria a la misma.

La titular del Inmujeres señaló que si el dictamen llegara a ser aprobado implicaría un grave retroceso para los derechos de las mujeres y las niñas víctimas de violación.