Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 2012 a 2018, cuando Rosario Robles era titular de esas dependencias, es investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público, entre otros delitos.

Negocia con la Fiscalía General de la República (FGR) la entrega de información en torno a los desvíos de recursos de la llamada estafa maestra, a cambio de que las autoridades no imputen a su familia por lo sucedido en la gestión de Enrique Peña Nieto, indicaron funcionarios federales.

Aunque la búsqueda de acuerdos se ha extendido por más seis meses, los representantes del ex funcionario no han logrado que el llamado criterio de oportunidad –es decir, que se otorguen beneficios jurídicos que incluyan hasta la no judicialización del imputado– se extienda a sus hermanos Lourdes y José Ramón, quienes de acuerdo con los resultados de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habrían tenido ingresos superiores a 200 millones de pesos, sin que existan registros fiscales que permitan considerar que se trató de recursos legalmente obtenidos.

En el caso de Emilio Zebadúa, se detectaron depósitos de las dependencias en las que ejerció sus funciones, desde las cuales se le depositaron cantidades superiores a 52 millones de pesos, que presuntamente no tuvieron justificación y fueron utilizadas en pagos a una tarjeta de crédito; el resto fue transferido a cuentas bancarias de otras personas físicas.

La negociaciones se han desarrollado con el subprocurador de Delitos Federales, Juan Ramos López, el mismo que negoció con el ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin, aunque en el caso de este último tampoco se ha concretado que sus familiares sean exonerados de las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, indicaron las autoridades consultadas.