s correcto, en términos periodísticos, que un medio de comunicación decida si debe difundir o suspender el mensaje en vivo de un político que está colocado en el centro de una cerrada contienda electoral sumamente trascendente? ¿Corresponde a esos medios de comunicación establecer una previa censura y determinar si un mensaje en específico debe llegar a la audiencia y debe protegerse a esta, por suponer que su criterio puede ser distorsionado o mal informado?

Las anteriores preguntas tienen como referente específico e inmediato a Donald Trump y a la decisión tomada ayer por varias cadenas televisivas de cancelar la transmisión en vivo del discurso en que el citado personaje, a título de candidato presidencial republicano en apuros, hizo una serie de acusaciones de fraude electoral y otras consideraciones alejadas de la institucionalidad política.

No hay en estas líneas ni una pizca de adhesión o respaldo al citado Trump, a sus políticas, conductas, dichos, tuiteos y afanes releccionistas. Todo lo contrario, hay una abierta y constante repulsa. Pero resulta necesario advertir sobre el peligro de que los grandes medios de comunicación pretendan consolidarse como un instancia suprema, con facultades fácticas para definir en tiempo real lo que debe ser conocido o no por el público.

En todo caso, la decisión sobre la conducta regular o irregular, plausible o deplorable, susceptible de ser compartida o rechazada, de una figura pública, debe corresponder a una audiencia o una ciudadanía bien informada y con capacidad plena de decisión. De otra manera, los órganos electrónicos informativos estarían clasificando a su público como menor de edad en términos políticos, necesitado del tutelaje de empresas mediáticas con su propia agenda de intereses.

Aun cuando censurar a Trump suministra tintes hasta presuntamente heroicos a la bandera de la salvaguarda del público ante las noticias falsas, es conveniente preguntarse cuántas veces esas mismas empresas han censurado o cancelado transmisiones en vivo de presidentes, funcionarios y políticos mentirosos. Un caso emblemático fue el sometimiento de los medios estadunidenses a la línea editorial patriótica instaurada en temas como los atentados del 11 de septiembre y la invención de los riesgos por armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak.

En todo caso, el presidente de Estados Unidos, en modo de candidato a un segundo periodo en la Casa Blanca, debe ser rechazado o apoyado por la realidad política de su país, que incluye segmentos sociales supremacistas y proclives a la violencia. Y los propios medios tienen a la mano la posibilidad de realizar mesas de análisis o de comentaristas sobre lo dicho por el político en cuestión e incluso reportajes de investigación para demostrar la mendacidad del declarante en turno.

Cierto es que la verborrea tradicional de Trump, acostumbrado a amagar y luego coger las ganancias si se dieran, o a recular si no hubiera éxito, ha enfrentado al país vecino a los riesgos de la violencia política y social si no le reconocieran su presunto triunfo, pero ello forma parte de un contexto nacional de polarización al que incluso abonan estos medios censores al fortalecer las presunciones de los grupos trumpistas de que hay conspiraciones para botar al multimillonario del poder presidencial.

Para cerrar el tema: a ningún periodista o medio le asiste facultad alguna para predeterminar, es decir, prejuzgar, y por ello castigar con el retiro de una transmisión en vivo, si lo que está diciendo una fuente válida de información, en este caso un candidato presidencial, es verdad o mentira. Un medio puede cubrir o no una conferencia en vivo y puede luego recabar y presentar la información en la plana o segmento electrónico que desee. Pero la valoración y juicio de lo que diga esa fuente corresponden al público, a la ciudadanía, a los votantes. A menos que esos medios pretendan convertirse en un suprapoder, o, dicho de otra manera, en una manera de hacer un falso periodismo. ¡Hasta el próximo lunes!

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