Con el voto de todas las bancadas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para sancionar a padres, tutores, profesores o autoridades escolares que ejerzan cualquier clase de violencia contra menores de edad como forma de corrección que ponga en riesgo su integridad.

En el cambio al Código Civil Federal se definió que la facultad de corregir no implica cualquier acto de fuerza o de violencia que vulnere la integridad física o síquica de niñas, niños o adolescentes.

Inicialmente, el dictamen consideraba que quien aplicara violencia contra menores como forma de corregirlos se haría acreedor a una sanción administrativa, pero la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal, afirmó que agredir a un alumno no podía ser considerado una simple infracción administrativa, por lo cual planteó, y fue aceptado por el pleno, que en ese caso se dé vista a las autoridades competentes.

Asimismo, propuso y se votó en favor que la sanción se aplique contra quien ejerza la violencia y no, como preveía el dictamen, que se retire la licencia de operación en caso de que la agresión ocurriera en una escuela privada.

En el dictamen se resaltó que “el castigo corporal es una práctica que se ha realizado durante generaciones, en la cual mediante lesiones físicas y castigos corporales se empleaba una manera de ‘educar, corregir o dirigir el camino’. Sin embargo, estas prácticas han creado temores e inseguridades en niñas, niños y adolescentes, incluso adicciones, y puede alterar el desarrollo fisiológico del cerebro y repercutir así en el crecimiento físico, cognitivo y social de éstos”.

También, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se definió que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que los menores sean afectados por violencia.