En 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) ejercieron de manera deficiente, desarticulada y con el mínimo control y seguimiento de actividades más de mil 200 millones de pesos dentro del programa de reconstrucción de escuelas dañadas durante los sismos de 2017 y 2018.

Así lo observa una auditoría de desempeño realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como parte de los informes de la cuenta pública 2019 –la primera revisión de la administración de Andrés Manuel López Obrador– que fueron entregados la semana pasada a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con las conclusiones del órgano fiscalizador, las irregularidades detectadas causaron que no hubiera un mejor desempeño del programa, por lo que la infraestructura física educativa no recuperó su capacidad operativa para otorgar servicios académicos y el derecho a la educación de la población siguió restringido.

En la auditoría 108-DS, con la que se fiscalizó el Programa Nacional de Reconstrucción, la ASF encontró que el presupuesto asignado el año pasado para tal efecto registró 53.9 por ciento de incremento, al pasar de 800 millones para 736 subsidios, a mil 230 millones 843.7 mil pesos para 296 subsidios más.

Sin embargo, dicho aumento no contribuyó a mejorar los resultados del programa, debido a que se apoyó un número menor de planteles educativos con una mayor erogación de recursos económicos.

También se detectaron deficiencias en los procesos del programa, ya que en materia de programación, el Inifed no se coordinó con las entidades federativas para la definición de los planteles que serían susceptibles de ser apoyados y presentó inconsistencias respecto del número de solicitudes de la ayuda registrada (286), de las inspecciones físicas reportadas (641), de las cédulas básicas de información de valoración elaboradas (308), de los proyectos técnicos presupuestados realizados (269), de los convenios de concertación suscritos (288) y de los contratos de adjudicación de las obras (297), por lo que no fue posible determinar el universo de atención requerido, entre otras.

La ASF realizó 22 recomendaciones para subsanar estas irregularidades, a fin que el Inifed y la SEP analicen las deficiencias detectadas, propongan cambios dirigidos a fortalecer su participación en los protocolos de atención ante los daños ocasionados por desastres naturales a la infraestructura física educativa, y aseguren el debido proceso en la entrega de los subsidios a las comunidades académicas afectadas, entre otras.