La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investigó las cuentas de Emilio Zebadúa y presentó una querella por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En tanto, el ex director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, de la Sedatu Armando Saldaña Flores, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como coacusado de Rosario Robles Berlanga en el caso del desvío de fondos públicos conocido como la estafa maestra, solicitó un criterio de oportunidad a cambio de aportar información útil, veraz y confiable que permitirá a las autoridades ministeriales realizar el esclarecimiento de los hechos e inculpar a Zebadúa de ser el operador de todos los contratos y falsificación de documentos que sirvieron de base para desviar más de 5 mil millones de pesos del erario.

Funcionarios federales refirieron que la UIF, que encabeza Santiago Nieto Castillo, llevó a cabo una investigación en torno a los recursos financieros que operó no solamente Emilio Zebadúa, sino algunos de sus familiares cercanos, y con base en los resultados se presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal en contra del ex oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu.

La indagatoria forma parte de otras carpetas de investigación que tiene la FGR, con base en los reportes de la Auditoría Superior de la Federación en los que se acreditan desvíos de recursos en ambas dependencias y que presuntamente operó Emilio Zebadúa, uno de los hombres más cercanos a Robles Berlanga, quien se encuentra sujeta a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público y haber causado un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos.

En tanto, de acuerdo con constancias judiciales, Armando Saldaña Flores –quien ya solicitó la posibilidad de obtener beneficios jurídicos– es señalado por las autoridades como responsable de haber autorizado el pago de 185 millones 839 mil 480 pesos a la Universidad Francisco I. Madero, ubicada en Hidalgo, para la elaboración de estudios estadísticos que nunca se efectuaron.

Ante un juez de control con sede en el Reclusorio Norte, en marzo del año pasado, Saldaña Flores declaró que el convenio y los oficios contenían su firma falsificada. Además, que la fecha en dos de éstos no coincidían, porque en esos días se encontraba comisionado en Nueva York y Barcelona, por lo que pidió que su nombre no sea manchado, por su bien y el de su familia.

Mi nombre fue utilizado indebidamente. No he hecho ni firmado un convenio. Esas no son mis firmas y ninguna corresponde en las actas ni en las solicitudes del pago. Jamás me reuní con personal o representantes de la universidad. Jamás celebré estos contratos ni me reuní con ellos, señaló en su momento.