n la biblioteca municipal de Galeana no se cuenta con una sola computadora. Fundado este municipio hace cerca de 350 años y cambiada su nomenclatura en honor de Hermenegildo Galeana, uno de los insurgentes destacados del movimiento de Independencia, en el censo de 2010 tenía poco menos de 40 mil habitantes. Es el quinto municipio en población fuera de los que integran el área metropolitana de Monterrey (AMM), y su cabecera, la ciudad del mismo nombre, es igualmente el centro urbano más poblado en ese rango. Situado en el sur, la región más pobre del estado y motivo para que cada seis años los candidatos a gobernar la entidad prometan –demagógicamente– que ahora sí orientarán los recursos de su administración a desarrollarla, este y otros municipios vecinos sólo han visto pasar un gobierno tras otro sin que lo prometido se cumpla.

Eso mismo hizo Jaime Rodríguez, el actual gobernador de Nuevo León. Se esperaba que algo de tal desarrollo prometido se pudiera ver en su sexenio toda vez que él es oriundo de Galeana. Pasaron los años y hoy veo a los campesinos de hace medio siglo en la misma condición de jornaleros que cuando los conocí.

Rodríguez se ha unido al grupo de gobernadores que le exigen al gobierno federal más recursos. ¿Recursos que se distribuirían con un criterio equitativo? Cualquier dinero de cualquier fuente que llega a manos de los gobiernos estatales –cacicazgos definidos por los grupos económicos más fuertes: industriales, comerciantes, agricultores o ganaderos– va a parar a los sectores con mayores ingresos. Así ha sido siempre. No hay señales de que pudiera ser distinto ahora.

Pero más notoria es la asimetría de la política distributiva en Nuevo León, el segundo estado, después de Aguascalientes, en materia de concentración y centralización de los recursos materiales y humanos. Sus gobiernos exigen hacia arriba lo que no reparten hacia abajo. Fuera de Monterrey todo es Nuevo León.

Extremo opuesto de la biblioteca de Galeana es el fideicomiso Parque Fundidora. Cedido por el gobierno federal al neoleonés para desarrollarlo como un pulmón para el AMM, su superficie se ha venido reduciendo a medida que se la ha ido privatizando: de las casi 114 hectáreas de esa superficie, ya sólo permanecen –y amenazadas– un poco más de la mitad.

Primero se creó un fideicomiso (2004) y luego se le sustituyó con un organismo público descentralizado (2009). Ambas figuras han permitido que una camarilla haga negocios opacos y perciba sueldos de más de 100 mil pesos mensuales, a contrapelo de una de las finalidades de la donación federal, e incluso del fideicomiso y el OPD en cuestión: el desarrollo y mejora de las condiciones del Parque Fundidora. En cada acto masivo, y mediante un permiso para expender alcoholes, la depredación de que se le ha hecho objeto ha deteriorado su salud y el perfil original de pulmón urbano que la Federación le imprimió al donarlo. Mientras, la mala calidad del aire en el AMM no cesa ni los domingos, a pesar de que un organismo estatal (Pro Aire), al que acompañan varios organismos civiles controlados por los grandes empresarios, se ha propuesto monitorear el ambiente para gestionarlo mejor. Hasta ahora ha resultado la guardia marina en fauces de las orcas.

La desaparición de los fideicomisos decidida por el gobierno federal es una medida de beneficio colectivo. Muchos de ellos no eran sino utilería para ocultar maniobras lucrativas en favor de unos cuantos. Cierto, varios fideicomisos vinculados a la educación y la cultura han mostrado ser provechosos para el cultivo de una y otra. En ellos debe poner su atención el gobierno de la 4T, ya sea para mantener su actual estructura con la autonomía que le es propia, ya para modificarla sin afectar sus recursos, así como su administración y decisiones autónomas en beneficio de las comunidades que dependen del funcionamiento real de tales entidades. Pero no sería malo que revisara a los organismos públicos descentralizados.

La compulsión de cuadricular cualquier superficie para edificar torres, edificios y mansiones hace peligrar lo que queda de la superficie original de la siderúrgica convertida en parque. Al igual de lo hecho en la Sierra Madre y en otras zonas montañosas del AMM: construir en zonas con vocación pública mediante permisos otorgados contra lo dispuesto por los reglamentos municipales se traduce en daños viales y habitacionales cuando llueve copiosamente. Los destrozos se pagan con aportaciones fiscales de todos. No de otros recursos echa mano el Fonden cuando se declara una zona de desastre para rehabilitarla. Al cabo, parte de esos recursos quedan en manos de constructores; otra parte se desvía al patrimonio de los burócratas implicados en su aplicación. Los grandes medios solapan usualmente estas aberraciones.

Así tenemos que gobernadores, burocracias municipales, dueños de medios, constructores y otros grupos de poder son, según el refrán popular, coyotes de la misma loma.