ás allá del resultado de las elecciones de Estados Unidos, el 3 de noviembre, lo importante para los mexicanos es que, sea cual fuera el gobierno que surja de ese proceso, se construya una relación bilateral equilibrada, civilizada y justa, comenzando por el respeto pleno a los derechos humanos de nuestros connacionales que viven, estudian y trabajan en ese país.

En medio de la estridencia mediática por los posibles resultados, no podemos pasar por alto que, apenas en la segunda quincena de octubre, en un lapso de sólo cuatro días entre un suceso y otro, dos mexicanos fueron agredidos y asesinados de manera artera por agentes gubernamentales en territorio estadounidense:

La madrugada del 19 de octubre, José Alfredo Castro Gutiérrez falleció luego de que le disparó un policía de San Diego y, el 23 de octubre, un segundo mexicano murió tras un encuentro con agentes de la Patrulla Fronteriza en uno de los puentes peatonales de San Ysidro y Tijuana.

Castro Gutiérrez –para mayor agravante como después transcendió– padecía esquizofrenia y sólo portaba en sus manos un celular cuando corrió hacia los policías pidiendo ayuda. En lugar de auxilio, lo que recibió fue una descarga eléctrica, un tiro de una bala de goma y un disparo con ar-ma de fuego que terminó con su vida.

Son hechos que, pese a su brutalidad y barbarie, fueron eclipsados por la parafernalia de las campañas presidenciales y los ejercicios prospectivos de innumerables analistas, absortos en los vaticinios de Casandra tratando de adivinar el resultado de la contienda, relección o un nuevo partido y personaje gobernante en nuestro vecino del norte. Por supuesto que importa el curso de la historia en nuestro principal socio comercial, pero eso no debiera obnubilarnos la conciencia sobre la necesaria defensa, aquí y ahora, de nuestros hermanos migrantes, artífices de la construcción y mantenimiento de la primera economía mundial y los primeros solidarios con la causa nacional.

También debiéramos reflexionar sobre la suerte de otro sector demasiado vulnerable, por la falta de una legislación que lo ampare fuera de un acuerdo administrativo, como son los llamados dreamers, jóvenes que siendo niñas y niños ingresaron a Estados Unidos persiguiendo un sueño, así fuera una esperanza difusa, en lo que creían era la capital del mundo libre.

La vulnerabilidad proviene de su endeble situación migratoria. Como se sabe, ante el fracaso en el Senado de la Dream Act, iniciativa que no consiguió ahí los votos suficientes luego de que ya había sido aprobada en la Cámara de Representantes, la única opción-alternativa fue que el gobierno de Barack Obama les otorgara algún tipo de protección migratoria. Es decir, una vez que la reforma legal en el Congreso no prosperó, por la oposición del Partido Republicano, sólo quedaba una acción administrativa, un programa en la esfera del Ejecutivo.

Tras la lucha emprendida por los jóvenes migrantes que ingresaron a ese país de forma irregular, solos o con sus padres, con la finalidad de hacer vida en esa nación, adoptar su idioma y hasta la cultura, el presidente Obama autorizó el programa DACA en 2012, con la perspectiva de que la orden ejecutiva beneficiara potencialmente a más de un millón de dreamers.

Pero se trata de un acto del ejecutivo sin la fuerza vinculante de una legislación formal, por lo que durante esta administración republicana, iniciada hace casi cuatro años, estuvieron bajo permanente amenaza de suspensión de sus precarios derechos de permanencia en el territorio en donde han vivido, estudiado y, en algunos casos trabajado, hasta que la Corte Suprema ratificó la validez del decreto del que pende su estatus migratorio.

El máximo tribunal declaró ilegal, el 18 de junio pasado, la orden ejecutiva que suspendía el programa de acogida a menores inmigrantes indocumentados conocido con esas siglas.

En una batalla muy disputada y nada tersa, argumentos jurídicos contra presiones políticas, el tribunal supremo decidió que el plan del presidente estadunidense de ponerle fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no tenía sustento legal. La decisión de la Corte mantuvo el status quo, los derechos adquiridos de los dreamers. El gobierno conservador no pudo aportar los fundamentos de derecho para invalidar la orden ejecutiva del gobierno demócrata. Fue una victoria de la justicia la resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos al proteger sus derechos adquiridos.

Pero una victoria frágil y reversible, por desgracia. Las elecciones de mañana podrían definir el estatus legal de los dreamers. Uno y otro candidato, en distinto grado, se han comprometido a revisar su situación migratoria. Además de nuestra exigencia indeclinable y permanente de respeto a los derechos de los trabajadores migrantes, nuestro voto de opinión razonada porque esa revisión sea de fondo: que sea una ley, y no un acto administrativo, el que dé certidumbre a la permanencia de esos esforzados jóvenes soñadores, la mayoría de ellos de origen mexicano.

*Presidente de la Fundación Colosio