Narcotráfico
l narcotráfico ha sido el factor delincuencial más disolvente y nocivo en toda la historia de México. Y, a pesar de que sólo significa menos de 4.3 por ciento del fenómeno criminal nacional, sus consecuencias abarcan daños generalizados, no sólo a las víctimas directas, sino a la población en general y al país entero, en razón de la enorme violencia que provoca y el cúmulo de delitos con los que se asocia, reproduce y multiplica, como el homicidio, la desaparición forzada, la extorsión, el secuestro y el robo; en una explosión delictiva que tiene como origen y motivación su inmenso valor económico, que alcanza aproximadamente 100 mil millones de dólares anuales en México y 400 mil millones en Estados Unidos.
Esta crisis recurrente se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuya violencia y mortandad provocó la necesidad urgente de morfina para aliviar el dolor de los heridos en combate, convirtiéndolos, en muchos casos, en adictos permanentes; esto generó un crecimiento exponencial de la producción de amapola, precursor de ese opiáceo, tanto en México –en la región de Chihuahua, Durango y Sinaloa– como en Afganistán, Turquía, India y en el llamado Triángulo de oro de Myanmar, Tailandia y Laos.
En nuestro país, ese incremento en la producción y en el tráfico de drogas se justificó alegando que al fin y al cabo era sólo para consumo extranjero; hipótesis falsa que no pudo sostenerse, ya que el mercado estadunidense siempre se ha manejado con normas comerciales que regulan y controlan el ingreso de su materia prima, para que la abundancia no derrumbe los precios al menudeo; y, cuando eso ocurre, frenan su introducción, dejando buena parte del producto en México, donde empieza a expandirse internamente; primero en las ciudades fronterizas y luego en todo el ámbito nacional, como resultado del contubernio corrupto entre autoridades y narcotraficantes.
Esa dinámica siguió creciendo y, ya por los años 70 del siglo pasado, Sinaloa y varias regiones de Jalisco, vinculadas con el mítico Cochiloco y sus protectores desde el gobierno, provocaron una gran confrontación entre ambos países, cuando el presidente Richard Nixon cerró la frontera del noroeste en la operación Intercepción, la cual motivó la primera respuesta organizada y eficiente del gobierno de México que en menos de dos años redujo al mínimo la producción y el tráfico de heroína y mariguana; esto fue reconocido públicamente desde la Casa Blanca por el presidente estadunidense Gerald Ford, quien felicitó a los funcionarios mexicanos que lograron esos resultados.
Después de ese lapso de alivio y a causa de la corrupción endémica en todos los niveles de gobierno, la situación se volvió a descomponer, renaciendo la producción de drogas desde Oaxaca, Guerrero y Michoacán hasta el noreste, en una escalada delictiva incontrolable que indujo a un gran número de conflictos bilaterales que llevaron a la detención del entonces zar antidrogas mexicano; a la disolución de la Dirección Federal de Seguridad, que se había hundido en la ignominia del narcotráfico, y al asesinato de un agente de la DEA, por haber descubierto enormes plantíos de droga que estaban protegidos en el norte del país.
Tiempo después hubo un nuevo intento de las autoridades mexicanas para retomar el control territorial perdido, frenando la violencia. Y así, durante cuatro años, se obtuvo una notable reducción en los índices delictivos y en las crisis repetitivas. Pero ese periodo fue interrumpido por el protagonismo irresponsable y la patología política de dos periodos de gobierno que indujeron y mantuvieron la denominada Guerra contra el narcotráfico, que convirtió al país en un territorio de persecución a ciertos grupos criminales y de protección a otros, en un choque feroz y encarnizado que produjo alrededor de 289 mil homicidios y 61 mil desaparecidos entre 2006 y 2018; para que, finalmente, su principal responsable y promotor –que había sido elogiado y exaltado por el New York Times–, resultara un estridente elemento de escándalo y desprestigio por sus vínculos con el narcotráfico, lo cual ha vuelto a repetirse.
Frente a esta tragedia, se ha ido formando una corriente de apoyo a la legalización de las drogas, para convertirlas en un mecanismo empresarial legítimo, argumentando que esto disminuiría su atractivo y su lucro, lo cual es insostenible, ya que tanto los criminales que se transformen en honorables negociantes como los nuevos empresarios que se incorporen, impulsarán la expansión de sus mercados y, consecuentemente, el número de adictos; mientras el tráfico ilegal continuaría de manera creciente y mayoritaria, como ya ocurre con toda la economía del país; y quien lo dude, que observe lo que sucede con el ambulantaje.
Las soluciones más lógicas, accesibles y probadas se sustentan en cuatro puntos básicos: 1. Erradicación verificable, eficiente y oportuna de la producción e importación de enervantes y precursores; 2. Prevención e información permanentes que verdaderamente alerten y protejan a la niñez y a la juventud frente a todas las adicciones; 3. Asistencia terapéutica comprobable para los adictos, ya que el consumo entre adultos no debe considerarse delictivo ni imputable. 4. Fundamentalmente, el castigo ejemplar a la corrupción y a la complicidad oficial en todos sus niveles, ya que ahí se encuentra la principal causal.
El fracaso, la ineptitud y la corrupción nunca deben convertir a un delito en un modelo empresarial legítimo.
