El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, tiene 24 horas para acatar la resolución de un juzgado de distrito que desde mediados de abril ordenó al organismo emprender una serie de medidas para proteger la vida y la salud de migrantes y solicitantes de asilo que se encuentran detenidos en estaciones migratorias.

A través de un comunicado, diversos activistas, académicos y organizaciones civiles –entre ellas Sin Fronteras y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho– indicaron que el pasado 3 de agosto el juzgado primero de distrito en materia administrativa resolvió que las autoridades del INM incumplieron su fallo del pasado 17 de abril.

Como se informó en este diario, en la fecha mencionada el juzgado concedió un amparo mediante el cual ordenó la puesta en marcha de 11 medidas para proteger a quienes se encuentran en estaciones migratorias, entre ellas liberar de forma inmediata a las personas con mayor vulnerabilidad ante el Covid-19, otorgarles estancia regular en el país y garantizar que puedan ser beneficiarios de programas sociales.

A casi cuatro meses de emitido ese fallo, y ante la nula y contradictoria información del INM al respecto, el juzgado determinó que, tanto Francisco Garduño como el director general de Control y Verificación Migratoria del instituto, Antonio López Díaz, deben cumplir la orden no sólo vía oficios, sino con todas las medidas necesarias para dicho fin.

Por lo anterior, ambos funcionarios tienen un plazo de 24 horas para ordenarle a las dependencias correspondientes el cumplimiento de la suspensión ordenada por el juzgado de distrito, y tres días posteriores para demostrar las acciones, o serán denunciados ante el Ministerio Público federal por el incumplimiento de una resolución judicial y se les podría imponer pena privativa de libertad.