La crisis de personas desaparecidas en México significa no sólo que hay 73 mil individuos en esa condición y al menos 37 mil cuerpos sin identificar, sino además la existencia de un entramado legal que camina como un Frankenstein, advirtió Karla Quintana, responsable de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).

En un seminario organizado por El Colegio de México, en el que participaron especialistas y familiares de víctimas, coincidieron en que la situación actual es similar al caos que había en el pasado, incluso para algunos suele ser un déjà vu cuando se topan con un Ministerio Público que les vuelve a preguntar de qué se trata su caso.

Es una descoordinación perpetua, de tradición de informes, pero no vamos más allá, resumió Alicia de los Ríos, hija de la profesora y guerrillera del mismo nombre, desaparecida en 1978 por las fuerzas de seguridad del Estado.

El foro México y sus 73 mil 224 desaparecidos, en alusión a la cifra difundida la semana pasada por la CNBP como parte de la actualización del registro nacional, cuya metodología fue criticada porque no revela nombres de víctimas ni datos de contexto.

La cifra podría ser mayor

Jacobo Dayán, de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que la cifra oficial de desaparecidos es mayor si se toma en cuenta que las fiscalías no dan datos con transparencia, de ahí que la única alternativa es crear mecanismos extraordinarios para la búsqueda de personas, así como de reparación del daño. De lo contrario, advirtió, no cambiará la situación al tener sólo 24 sentencias por desaparición forzada frente a casi 80 mil casos de personas de las que se desconoce su paradero.

De los Ríos, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dijo que el registro carece de información de contexto y, por lo tanto, se convierte en un cúmulo de cifras que no da cuenta de las distintas violencias que generaron la desaparición y, en consecuencia, no aborda las políticas públicas que puedan desarticularlas.

Después de escuchar a otras participaciones en las que se destacó la ausencia de un plan integral y, sobre todo, de voluntad política para atacar las causas del problema, la titular de la comisión se manifestó abierta a discutir todos los temas que sean necesarios bajo la premisa de que el país vive una crisis en este renglón y no existe un marco legal de competencias que sea claro.

Agregó que la gran deuda y reto que tiene el Estado mexicano es hacer funcionar el engranaje de manera conjunta para atender a las víctimas y efectuar el trabajo de búsqueda. Tampoco se deben investigar casos en lo individual, sino hallar las redes de los delitos, tal como se hace desde hace mucho en otros países.

Porque hay que decirlo con lo que tenemos: unas leyes que son un Frankenstein, que caminan como un Frankestein; una cosa es lo que dice la Ley de Víctimas, otra diferente la de desaparición y una más la del Código de Procedimientos Penales; el artículo primero constitucional señala una cosa mientras el 21 algo distinto. Entonces, cada quien escoge la interpretación que considera correcta o conveniente.