Panamá. El gobierno panameño declaró día de duelo nacional este 20 de diciembre, cuando se cumplen 30 años de la invasión de Estados Unidos que expulsó del gobierno al general Manuel Antonio Noriega y que provocó cientos de muertos en la nación centroamericana.

Es la primera vez que se hace esta declaratoria oficial, una de las principales exigencias de los familiares de las víctimas de esa acción militar. Se trata de un paso simbólico que hace justicia a los muertos panameños, incluidos civiles y militares.

En estos 30 años ha habido un velo sobre todo lo ocurrido. Ahora se está haciendo la averiguación que se debió haber hecho en su momento para determinar cómo ocurrieron los hechos y sus consecuencias, sostuvo Juan Planells, presidente de la comisión gubernamental panameña que investiga la invasión.

La medida fue aprobada antier en un consejo de gabinete del presidente Laurentino Cortizo, aunque no implica el cierre obligatorio de las oficinas públicas y privadas. La bandera nacional ondeará a media asta durante la fecha. Sin embargo, por presiones de grupos empresariales, no implicará un día feriado, lo que ha sido calificado por la abogada panameña que demandó a Estados Unidos en 1990 ante la CIDH, Gilma Camargo, de irrespetuoso, antipatriótico e irresponsable.

En los últimos años los actos conmemorativos de la invasión sólo han congregado a un puñado de familiares de las víctimas. Además, en 30 años un mandatario panameño ha acudido a los homenajes y ningún gobierno ha pedido responsabilidades a Estados Unidos, el mayor socio diplomático y comercial de Panamá.

Imagino que tiene que ver con el hecho de que se trata de Estados Unidos y no se ha querido introducir elementos que puedan hacer difícil esa relación, comentó Planells.

Según el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush (1989-1993), la invasión se produjo para capturar a Noriega, quien fue colaborador de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), por su relación con el narcotráfico, y liberar a Panamá de la dictadura.

Tras la invasión y hasta su muerte en 2017, Noriega estuvo preso en Estados Unidos, Francia y Panamá sentenciado por narcotráfico, blanqueo de dinero y desaparición de opositores en su mandato.

Durante 30 años la sociedad panameña ha esperado que se honren las vidas de quienes fallecieron o resultaron heridos durante la invasión a territorio panameño en 1989, señaló la presidencia de Panamá en un tuit.

La invasión dividió a los panameños durante años, aunque ahora parece un tema casi olvidado. Oficialmente el número de muertos durante la denominada operación Causa Justa fue de 500, pero organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a varios miles.

La comisión investigadora iniciará en enero próximo las primeras exhumaciones para identificar a las víctimas.