Washington. Indocumentados que hayan sido condenados por reingresar ilegalmente a Estados Unidos, conducir en estado de ebriedad o cometer actos de violencia doméstica, no podrán solicitar asilo, de acuerdo con una regulación planteada por el gobierno del presidente Donald Trump, que fue anunciada ayer.

La propuesta –que deberá pasar por un periodo de comentarios públicos antes de ser formalizada– enlista siete aspectos penales que incluyen algunos delitos menores que impedirían otorgar asilo, además de las restricciones federales vigentes. Asimismo, eliminarían un requisito para que los jueces reconsideren algunas peticiones.

Se trata de un nuevo intento por restringir el otorgamiento de asilo por el gobierno de Trump, que asegura que los migrantes abusan del sistema para pasar años en Estados Unidos, a pesar de ser inelegibles, en parte debido a requerimientos menos severos en las indagaciones iniciales. La mayoría de los solicitantes escapan de la violencia, la pobreza y la corrupción en sus países.

Activistas por los derechos de migrantes y grupos humanitarios han dicho que las políticas de Trump son inhumanas y argumentan que Estados Unidos renuncia a su papel de país seguro para los refugiados.

Sin embargo, el retraso en el procesamiento en cortes migratorias ha llegado a más de un millón de casos y las agencias fronterizas se vieron rebasadas este año por la llegada de miles de familias centroamericanas que requieren mayor atención y no son fáciles de regresar a México.

En un intento para frenar el flujo migratorio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha enviado a más de 50 mil personas de regreso a través de la frontera sur a esperar por la resolución de sus pedidos de asilo. Esos migrantes son, a menudo, víctimas de abusos en áreas violentas en México y se enferman por las condiciones insalubres en los campamentos para refugiados.

Las autoridades han alcanzado acuerdos con Guatemala y otros países de Centroamérica para enviar ahí a los solicitantes. Las primeras familias ya fueron devueltas a esa nación. El gobierno ha restringido el asilo de una forma muy extensa, dijo Sarah Pierce, analista de leyes para el centro de investigación Instituto de Política Migratoria.

Ciudades santuario están en riesgo

El Departamento de Justicia ha centrado su atención en las llamadas ciudades santuario, como Nueva York y Chicago, que no colaboran con agentes de Seguridad Nacional. Las autoridades de Nueva York, por ejemplo, dicen que no creen que los migrantes deberían ser deportados por delitos menores y no informan al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas cuando tienen a uno bajo arresto. El secretario de Justicia, William Barr, y el encargado de Seguridad Nacional, Chad Wolf, han criticado estas posturas.

Creo que lo que hacemos es jugar a la política con la seguridad pública, dijo Wolf recientemente en una entrevista. Es muy preocupante, desde la perspectiva de seguridad nacional, asegurar que los agentes tengan los datos y las herramientas necesarias para proteger a sus comunidades.

La nueva propuesta volvería inelegibles a solicitantes de asilo en caso de que fueran condenados por un delito grave o si fueron arrestados varias veces por violencia doméstica. Otros incluyen condenas por delitos menores como portar una identificación falsa o recibir de forma ilegal beneficios públicos, además de traficar o albergar a otros migrantes, reingresar ilegalmente al país, delitos federales por actividades relacionadas con pandillas o conducir bajo la influencia de alguna sustancia tóxica.

Se desconoce el número preciso de solicitantes condenados por crímenes, pero 74 mil de las 143 mil personas arrestadas en este año fiscal lo fueron por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, además de permanecer aquí sin autorización.

Los cambios se hicieron para que las dependencias destinen más recursos a la adjudicación de casos de asilo presentados por extranjeros no criminales, según un comunicado conjunto de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional emitido ayer.