Algunos gobernadores están dispuestos a proponer para sus entidades una iniciativa de ley de amnistía similar a la que a nivel nacional se prevé aprobar en el primer trimestre de 2020 y con la cual 6 mil 200 personas obtendrían su libertad, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La funcionaria consideró como relevante que las legislaturas estatales aprueben sus propios ordenamientos por el tema del aborto y los homicidios por razón de parentesco, que son delitos del fuero común. Las personas que se encuentran en prisión por estas causas no saldrían libres bajo la Ley Federal de Amnistía, explicó.

En conferencia de prensa para comentar el contenido y alcances de la iniciativa propuesta por el titular del Ejecutivo, reiteró su convencimiento de que las mujeres que recurren a un aborto lo hacen por necesidad extrema y penalizarlas es una gran injusticia.

Con base en estimaciones de organizaciones civiles, en el país hay 200 personas –entre mujeres, médicos, parteras, comadronas y familiares– en prisión por haber colaborado en la interrupción de un embarazo, comentó Nadine Gassman, directora del Instituto Nacional de las Mujeres.

Sánchez Cordero agregó que hay buena disposición de los gobernadores de Hidalgo, Oaxaca, estado de México, Chiapas y Veracruz, entre otros, para extender el modelo de la ley federal.

Además, la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia revisa 2 mil 600 casos de personas que se encuentran en prisión y cuyos expedientes se han entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus giras. De estos, 63 individuos han obtenido su liberación.

Sobre los alcances de la próxima ley, Sánchez Cordero explicó que beneficiará a personas pobres en extrema vulnerabilidad (mujeres, indígenas), con discapacidad permanente presas por delitos contra la salud, a consumidores de drogas detenidos al portar menos de dos tantos de la dosis máxima autorizada por la ley para su consumo personal.

También serán beneficiadas las personas de comunidades indígenas que hayan sido sometidas a procesos judiciales sin intérprete o defensores que conocieran su cultura y costumbres.