on Evo Morales en la presidencia de Bolivia ese país sudamericano logró altas cuan sostenidas tasas de crecimiento y desarrollo, al tiempo que la nación recuperó la gran riqueza energética con que cuenta. Sin embargo, el golpe de Estado de noviembre pasado no sólo representó un atentado en contra de la democracia, sino que truncó casi cinco lustros de avance económico y desarrollo social.

De acuerdo con la Cepal, en un reporte sobre la economía boliviana –que no considera los efectos del citado golpe de Estado–, en la última década la nación sudamericana gozó de un ritmo de crecimiento económico promedio de 4.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), muy por encima del crecimiento mundial y regional.

Dicho reporte –del que se toman los siguientes pasajes– señala que durante el superciclo de las materias primas el país acumuló un importante acervo de reservas, que permitió financiar la inversión pública y mantener los programas de gasto que contribuyeron a mejorar los indicadores de desarrollo social del país.

En 2019 se estima que la economía crecerá a un ritmo cercano a 3 por ciento, tendencia que se mantendría en 2020, aunque con importantes riesgos a la baja debido a los efectos negativos que podrían tener los menores precios de los productos básicos y la menor extracción de gas, tanto en el producto total como en los ingresos fiscales y las cuentas externas. Más aún, hay que considerar los efectos que tendrá en la economía la paralización de la actividad en varias zonas del país a causa del clima de violencia tras el proceso electoral que culminó en octubre de 2019 y los efectos que podría tener la incertidumbre política en la ejecución de la inversión pública y privada. Los gastos totales se mantuvieron alrededor de 47 por ciento del PIB, con el propósito de apoyar políticas de desarrollo social y de diversificación de la matriz exportadora. La inversión pública en proyectos sociales y las políticas de transferencias se tradujeron en importantes avances en la disminución de la pobreza.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza extrema llegó a 15.2 por ciento en 2018, lo que equivale a una reducción significativa de tal indicador si se le compara con el registrado en 2005 –un año antes de la llegada de Evo a la presidencia– cuando fue de 38.2 por ciento. Así, a lo largo del mandato evista la disminución de la pobreza extrema fue de 23 puntos porcentuales.

Sin embargo, los proyectos de inversión pública no han generado una mayor fuente de ingresos tributarios, por lo que se ha reducido el espacio fiscal. En 2019 el déficit en esa materia se financió principalmente con crédito interno (en mayo pasado representó 6 por ciento del PIB) y, en menor medida, con crédito externo (2 por ciento del PIB).

Además, el mantenimiento del ritmo de crecimiento de la actividad económica de los últimos años trajo aparejada una disminución del desempleo que, no obstante, continúa teniendo un alto componente de informalidad, con la precariedad que esto implica en las condiciones laborales.

Según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE, publicados en junio pasado, al cuarto trimestre de 2018 la tasa de desocupación en el área urbana alcanzó 4.27 por ciento de la población económicamente activa.

La política salarial aplicada por el gobierno evista continuó con incrementos de las remuneraciones superiores a la inflación. El salario mínimo nacional llegó a 2 mil 122 bolivianos (unos 305 dólares, el doble del imperante en México) en 2019, 3 por ciento más respecto de 2018.

Las rebanadas del pastel

Con los gringos las cosas siempre van del gozo al pozo, porque de la euforia por la firma del protocolo modificatorio del T-MEC (apenas seis días atrás) el gobierno de México pasó al enojo y la protesta por la más reciente chicana de Trump: la inclusión, por sus pistolas, de hasta cinco agregados laborales, algo tajantemente rechazado por la parte mexicana antes de dicha firma.

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