La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una de las casa de estudios que más medidas ha tomado para prevenir, atender y erradicar la violencia de género, según el Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior.

Sin embargo, las protestas estudiantiles –que se intensificaron en los dos meses recientes– han evidenciado que las acciones emprendidas no han sido suficientes, según integrantes de la comunidad.

Así lo han reconocido también las autoridades universitarias. El rector Enrique Graue Wiechers dijo en noviembre, en su toma de posesión para su segundo y último periodo al frente de la UNAM: las medidas tomadas por la institución han servido para que la realidad de la violencia de género se haga visible, para imponer sanciones y expulsar a agresores, pero no ha sido suficiente. Entiendo su indignación ante la vejación histórica de la que han sido víctimas y que ya no están dispuestas a tolerar.

Asimismo, directivos de facultades y escuelas con paros como la de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras (FFyL), Estudios Superiores de Cuautitlán y la de Morelia han reconocido fallos en la actuación institucional y que la violencia de género es un problema sistemático, estructural e histórico.

El reconocimiento y las nuevas medidas anunciadas por las autoridades para abordar el problema no han satisfecho las demandas de estudiantes de la FFyL ni de dos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (el 7 y el 9), que llevan semanas cerrados.

Ello se debe, de acuerdo con estudiantes y académicos, a que el principal reclamo es que no se normalice la violencia machista y que haya transformaciones profundas para erradicarla, lo que, consideran, aún no se ha definido a detalle.

De acuerdo con estudiantes y docentes, de quienes se resguarda su identidad, la respuesta ha sido demasiado institucional: se ha hecho énfasis en la necesidad de reabrir, lo que ha sido interpretado como que la prioridad de las au-toridades no es resolver las demandas, sino restablecer la normalidad académica.

De igual modo, consideran que las estudiantes en paro, por su parte, no han identificado logros como que la gran mayoría de la comunidad universitaria considera legítimas sus demandas y la institución ya ha anunciado el compromiso de emprender cambios que no se habían visto en mucho tiempo, como una reforma a la legislación universitaria para que la violencia de género sea considerada explícitamente como causa grave de responsabilidad para los miembros de la comunidad universitaria.