Su voz se torna aguda. Habla desde las tripas, desde el coraje, porque las palabras no les alcanzan y mucho menos dos minutos para resumir su pesadilla actual. Verónica Razo Casales llama desde el Centro Federal de Readaptación Social 16, la cárcel de máxima seguridad en el estado de Morelos.

Es su llamada semanal, el ratito que tiene para comunicarse con su familia, pero esta vez decide hablar con La Jornada porque, después de 8 años 5 meses presa sin sentencia y en un juicio plagado de irregularidades, le han llegado las noticias de las recientes liberaciones a víctimas de casos fabricados, disculpas públicas y posible política de amnistía. Llegaron las novedades y con ellas la ilusión de recuperar la libertad pero nada ha cambiado.

Siento demasiado coraje e impotencia de que mi juez (Miguel Ángel Burguete García, juez octavo de distrito del estado de México) ya tenga las pruebas suficientes de que yo fui torturada, de que todo lo que él, junto con los demás, armaron, es ficticio, y yo siga aquí. Coraje de que el juez siga retardando la salida.

El 8 de junio de 2011, Verónica Razo Casales fue detenida en la colonia Doctores por hombres armados y vestidos de civil que se trasladaban en vehículos sin marcas oficiales. La llevaron a lugares donde la golpearon, violaron, torturaron y obligaron a firmar una confesión autoinculpatoria según la cual es responsable de secuestro. Los hombres que se la llevaron y la torturaron eran policías federales; los lugares donde la tuvieron se sospecha eran instalaciones de la ex Agencia Federal de Investigación (AFI) y la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo, hoy Seido).

Verónica, hasta entonces una ama de casa dedicada a cuidar a sus dos hijos, fue trasladada a la cárcel de Mexicali, luego a Tepic y más tarde a Morelos. Así lleva más de 8 años, presa sin sentencia, pero ahora la paradoja es mayor: el ex policía que dirigió las torturas y la obligó a firmar la confesión ha sido imputado, detenido y está preso mientras se le juzga por ese delito. Quien fabricó su caso está siendo juzgado, a la justicia mexicana le consta que ella es víctima pero aún así la mantienen presa.

Siento mucha impotencia porque el sistema judicial de México está sumamente deficiente y decadente, dice Verónica Razo Casales desde el teléfono de la cárcel, rodeada de guardias que escuchan sus palabras. Me da mucho coraje porque llevo tantos años luchado pero ya no sé contra quién, no sé si lucho contra las leyes, el gobierno o la impunidad.

El Estado mexicano se contradice y la perjudica, explica la abogada Carolina Hernández Nieto, quien junto a Federico Rodríguez Paniagua acompaña el caso a nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). ¿Cómo es posible que en una averiguación previa se esté acusando a Verónica y por otra parte se haya consignado a los responsables de su tortura? Es contradictorio que las intenciones de la fiscalía vayan por dos sentidos diferentes: por una te acuso y por otra reconozco que eres víctima.

Federico Rodríguez Paniagua dice que se ha demostrado que Verónica Razo Casales sufrió detención arbitraria, tortura sexual y fabricación de pruebas en su contra, por tanto urge que el juez cierre la etapa de instrucción. Lo justo sería que la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público Federal que la acusa, se retractara de la acusación plagada de irregularidades que la ha llevado a enfrentar por más de 8 años un juicio que nunca debió existir. El MP legalmente lo puede hacer, puede pedir que el caso se cierre y se dé su inmediata libertad.

Pruebas amañadas

La prueba principal de la fiscalía en contra de Verónica es el supuesto reconocimiento que víctimas hicieron durante las primeras horas: Un reconocimiento amañado por parte de la Siedo, en el cual no se siguieron protocolos para que hubiera muchas personas y las víctimas pudieran reconocer de forma directa a quienes habían participado en su secuestro. Solamente presentaron a Verónica.

El suyo no es un caso excepcional, en general la fabricación de culpables ha sido una política de Estado muy común. En especial, a partir de 2006, con el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, para perseguir sobre todo el delito de secuestro, por lo mediático que es el tema, dice la abogada. Para fabricar delitos, el método muchas veces ha sido la tortura, documentan informes de diversas organizaciones no gubernamentales e incluso instituciones públicas como la CDHDF, que entre 2006 y 2018 recibió un total de mil 257 quejas calificadas como violatorias al derecho a la integridad personal relacionadas con actos de tortura. En 2006 las quejas fueron 39, en 2011 llegaron a 139.

No existe un censo de cuántas personas han sido encarceladas después de ser torturadas, de cuántos acusados por secuestro o delitos de delincuencia organizada siguen recluidos sin sentencia firme. Pero basta con ir a cárceles como el Cefereso 16 y ver cuántas mujeres se encuentran en privación oficiosa de la libertad sin que se haya resuelto su situación jurídica, lamenta la abogada. Y aunque cambiaron las autoridades, completa su colega, en el caso de Verónica como en otros casos con los mismos patrones, la FGR hasta ahora no se hace responsable de la fabricación a pesar de que se ha evidenciado.

Fabricar culpables, dicen, es con-ceder una falsa justicia a las víctimas y crear más: una espiral de injusticia. En las nuevas autoridades está la decisión de extenderla o ponerle fin. Desde la cárcel, Verónica les envía un mensaje: Que aceleren los procesos de todas y cada una de las que estamos tanto tiempo aquí. Porque es injusto, con una disculpa no solucionan nada. Están robán-donos no sólo el tiempo, la vida. Aquí nos enterraron en vida.

Entró a la cárcel con 32 años, ahora tiene 40.