En el próximo periodo de sesiones, el Senado debe aprobar la reforma que despenaliza el uso de la mariguana con fines recreativos, modificación que quedó pendiente debido a desacuerdos de la oposición con algunos de sus contenidos, por lo que fue necesario que la Suprema Corte otorgara una prórroga a esa cámara del Congreso para legislar en la materia.

El Senado está obligado a llevar a cabo esa reforma a partir de que la Corte declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Salud que penalizan el uso recreativo de la cannabis y dio un primer plazo que venció el 31 de octubre pasado para aprobar una legislación sobre el uso del enervante.

Aunque estaba ya listo un proyecto de dictamen, elaborado a principios de octubre por las comisiones unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, ni siquiera se llegó a discutir, ya que PAN y PRI no lo avalaron y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, denunció que hubo presiones de representantes de varias industrias, entre ellas la farmacéutica y tabacalera, que pretendían beneficiarse con la nueva legislación.

Aunado a ello, el Senado tenía muchos pendientes por resolver, por lo que solicitó una prórroga, que la Corte concedió, al ampliar siete meses el plazo, por lo que la ley que regula la cannabis debe ser aprobada a más tardar el 30 de abril de 2020, en que concluye en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Estado regulador

El presidente de la Comisión de Salud, el morenista Miguel Án­gel Navarro Quintero, comentó que la discusión se reanudará en enero en torno al proyecto de dictamen, en el que se establece que el Estado será el encargado de la regulación de la yerba.

Lo hará a través del instituto para la cannabis, que dependerá de la Secretaría de Gobernación y tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento de permisos y licencias para el cultivo y comercialización de mariguana.

La ley permite fumar mariguana a adultos, así como su uso comercial, científico y de investigación en las áreas médicas, farmacéuticas e industriales.

Sin embargo, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero precisó que el nuevo marco jurídico protege a los niños y adolescentes, ya que la mariguana no se podrá vender a menores ni fumar en espacios públicos.

Ese es uno de los puntos objetados por priístas y panistas, los cuales tampoco están de acuerdo en el establecimiento de un tope máximo de consumo personal de 30 gramos, así como la posesión de siete plantas por familia para el autocultivo.

De acuerdo con el proyecto de dictamen, se crearán asociaciones de consumidores, de hasta 20 integrantes que podrán tener hasta cuatro plantas de cannabis cada uno y en caso de que tengan poducción excedente deberá entregarla a las autoridades.