Madrid. La declaración ante la justicia española de Julian Assange, fundador del portal de filtraciones Wikileaks, será importante para demostrar la imposibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, explicó su abogado, Aitor Martínez, porque su comparecencia del 20 de diciembre contribuirá a demostrar que una empresa habría grabado de forma ilegal su estancia en la embajada de Ecuador en Londres por orden de las autoridades estadunidenses.

El abogado recordó que al margen del proceso de extradición, la Audiencia Nacional de España abrió una investigación penal contra una empresa española encargada de seguridad en la embajada que presuntamente habría estado trabajando para la inteligencia de Estados Unidos.

Fue Assange quien presentó la querella contra la compañía Undercover Global –radicada en Cádiz– y su gerente, David Morales Guillén, que ya fue detenido y prestó declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata. Éste último acordó su puesta en libertad con medidas cautelares, entre ellas comparecencias en el tribunal más cercano dos veces por semana y la prohibición de salir de España.

Assange se encontraba refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres hasta que el gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo el 11 de abril de este año. La policía británica detuvo al periodista ese mismo día por haber violado las condiciones de libertad condicional en 2012.

Esta empresa habría introducido micrófonos escondidos en extintores dentro de la embajada, cambiado las cámaras internas por otras con micrófonos que grababan las conversaciones, fotocopiado los documentos de identidad de sus visitas e incluso, en ocasiones abrió los dispositivos electrónicos de los visitantes para manipularlos, dijo Martínez en entrevista con la agencia de noticias rusa, RIA Novosti.

Según la investigación, toda esa información habría sido presuntamente remitida a la inteligencia de Estados Unidos y, por tanto, se demostraría que Assange y sus abogados fueron espiados en la embajada de Ecuador en Londres.

Ello conllevaría que Reino Unido debería denegar su entrega a un país donde no se habrían respetado las mínimas garantías de defensa, concluyó el letrado.